En la presentación de los acuerdos, la ministra de Hacienda ha puesto el foco en «materia de contratación pública». La vicepresidenta primera del Gobierno asegura que el registro de empresas con prohibición de contratar «va a ser público» y que «las empresas incrementarán la pena máxima de inhabilitación para contratar con la administración de 15 a 20 años sin que puedan recibir subvenciones y beneficios fiscales». Además, el Gobierno obligará a los partidos a hacer «auditorías externas e independientes». También se «incrementará el régimen sancionador con una sanción equivalente al doble de la donación no publicada», ha comunicado Montero. Por último, la titular de Hacienda ha comunicado que se va a reforzar la ley para «poder embargar a tiempo antes de que lo investigados lo puedan ocultar». Se hará a través de la «creación de una nueva figura» que permita vehicular legalmente esta medida.
Este nuevo texto incluirá la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta institución se intentó crear en otoño del año pasado, pero lo rechazó el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ahora, el Gobierno volverá a intentar crear esta institución a través del Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende crear esta institución para prevenir y perseguir los casos de corrupción. La ministra se ha mostrado optimista sobre la aprobación de este organismo: «La agencia va a contar con los apoyos». «Todo el mundo piensa que necesita un organismo independiente», ha razonado, para apuntar que su importancia es la práctica de «las pruebas antes de que las denuncias lleguen a los juzgados». «Estará antes de que se agote la legislatura», ha sentenciado. Por otro lado, entre las medidas que implementará el Gobierno estará el endurecimiento de las sanciones contra las empresas envueltas en los casos de corrupción. El objetivo es que las multas sean proporcionales a los ingresos que hubieran conseguido llevarse ilegalmente esas compañías.
Además, pretenden ponérselo más difícil a los partidos políticos para que puedan recibir dinero público para las campañas electorales. Las formaciones tendrán que rendir cuentas con mayor transparencia, según el Ejecutivo. Lo hace después de que la Audiencia Nacional abriera una causa para investigar la financiación del PSOE después de que sus dos últimos secretarios de Organización fueran encarcelados por casos de corrupción. Montero ha asegurado que se incrementará el «control y transparencia» en la donación a los partidos. Hasta ahora, se debían rendir cuentas desde las donaciones de 25.000 euros, y ahora, a partir de los 2.500 euros. Además, se reduce el tiempo para dar esos datos a la Administración: «El plazo para informar es 1 mes».
AYUDAS PARA PALIAR EFECTOS BORRASCAS
El Gobierno también ha aprobado este martes un paquete de ayudas dotado con 7.000 millones de euros con el que quiere paliar los efectos generados por las borrascas registradas en las últimas semanas que han afectado especialmente a regiones de Andalucía y Extremadura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que este Real Decreto-ley multiplicará por cuatro las indemnizaciones previstas en la norma para conceder ayudas de hasta 150 euros por día a las personas que tuvieron que ser desplazadas por el temporal. Además, estas cuantías serán compatibles con otras ayudas y quedarán exentas de tributar tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades (IS).
El texto aprobado en el Consejo de Ministros también prevé movilizar hasta 2.000 millones de euros para que los ayuntamientos más afectados puedan reconstruir las infraestructuras municipales que se hayan visto afectadas por estas lluvias. El Gobierno ha explicado que no hay un listado del número de ayuntamientos afectados y que este se conformará dentro de un mes, cuando los municipios den cuenta de los daños registrados. Con esta vía, se financiará y anticipará el 100% de los desperfectos generados. También se permitirá que las localidades hagan uso del superávit generado a lo largo de 2025 para cubrir estos daños y se flexibilizará la regla de gasto para que no cuenten estas partidas.
Montero también ha trasladado una serie de medidas en materia fiscal, por las que los ciudadanos quedarán exentos de abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los hogares que hayan quedado dañados por estas borrascas, con daños o inundaciones y que podrán solicitar su devolución si ya lo habían pagado. También pone en marcha una reducción de módulos de IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de estas zonas. Hacienda estima que estas políticas supondrán un ahorro de 350 millones de euros
El Gobierno también ha lanzado una serie de ayudas directas para el sector agrario que ascienden a 2.000 millones de euros para los titulares de explotaciones de las regiones afectadas, otro paquete de 10 millones de euros destinado a armadores de busques de pesca con base en puertos de Málaga, Cádiz o Huelva, por no haber podido salir a la mar. Para los trabajadores del campo, ha reducido de 35 a 5 las jornadas o peonadas que deben haber cotizado para acceder al subsidio por desempleo. Asimismo, ha aprobado ayudas dirigidas al comercio y la hostelería minorista por 120 millones de euros y líneas de financiación del ICO de 100 millones de euros para financiar los daños agrarios.
En materia laboral, el Gobierno ha habilitado la prestación por cese de actividad -el conocido como paro de los autónomos- hasta el próximo 31 de mayo, permitirá el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social, una protección especial para el desempleo de las empleadas del hogar y vuelve a activar el ERTE para los trabajadores de las actividades afectadas, por el que las compañías pueden reducir la jornada de trabajo o suspender temporalmente los contratos, lo que conlleva exención de cotización para sus empresas.
