Además, destaca la extensión durante un año de la prohibición de desahucios a familias vulnerables, así como la ampliación durante seis meses más de las actuales ayudas al transporte, tras haber llegado a un acuerdo con Podemos. Lo que no se ha especificado aún es si se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, que en principio está en vigor hasta finales de este año.
El Gobierno también ha aprobado la prórroga del gravamen a energéticas, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados con apoyo del PP, PNV y Junts. Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse al Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la prórroga del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como ‘escudo antiopas’. La medida deja en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% -el tipo superreducido-, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10% -el reducido que se aplica a la alimentación-. Lo que sí se mantiene en 2025, son los descuentos del bono social eléctrico, hasta el 30 de junio del próximo año.
Asi, del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 50% y para los consumidores vulnerables severos del 65%; y del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 42,5% y de los consumidores vulnerables severos del 57,5%.
A partir del 1 de julio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 35% y el de los consumidores vulnerables severos del 50%, con carácter indefinido, lo que supone un refuerzo del nivel de protección habitual previo al estallido de la crisis energética, situado en el 25% para los primeros y en el 40% para los segundos.
Por otra parte, se ha dado ‘luz verde’ a un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes en el año 2023. Se cumpliría así con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior -en este caso de 2023 porque en 2024 no hubo PGE- hasta la aprobación de otras cuentas públicas.
También, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024, con un alza del 2,8% de las pensiones contributivas. La pensión media de jubilación en España se situó en 1.441 euros mensuales en noviembre según los datos de la Seguridad Social, así, con la subida del 2,8%, un pensionista que cobre la media percibirá en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, suponiendo un incremento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagas. Asimismo, las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025. La revalorización del 2,8% para 2025 beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Por su parte, está previsto que las pensiones mínimas y no contributivas, las que reciben las personas «más vulnerables», subirán por encima del IPC promedio del 2,8%.
