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  Gobierno  CONSEJO: decreto migrantes y justificaciones de Puente
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CONSEJO: decreto migrantes y justificaciones de Puente

El Gobierno de Pedro Sánchez, de acuerdo con Podemos, ha impulsado una regularización extraordinaria de migrantes que ya se encuentran en España sin permiso de residencia ni trabajo, para reconocer su situación y facilitar su acceso legal al mercado laboral, servicios sanitarios y derechos sociales.

RedaccionRedaccion—27 de enero de 20260
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Se tramitará mediante un Real Decreto, evitando el paso por el Congreso de los Diputados y acelerando así su implementación. «Lo que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país», ha dicho la portavoz y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Saiz, en una entrevista en La Hora de La 1, recalcando que la inmigración es uno de los motores del crecimiento económico de nuestro país.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Saiz ha reivindicado la regularización como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira «hacia otro lado». «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado», ha dicho.
La tramitación administrativa del Real Decreto comienza inmediatamente tras su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy 27 de enero de 2026, y se prevé que las solicitudes puedan ser presentadas hasta el 30 de junio de 2026. La ministra ha explicado que la admisión a trámite de las solicitudes por parte de la Administración se producirá en quince días y que una vez admitida las personas podrán trabajar «en cualquier sector y en cualquier lugar del país».

La aceptación de la solicitud suspende automáticamente órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos, y otorga una autorización de residencia provisional con derecho a trabajo legal y acceso a sanidad desde el momento en que se presenta la solicitud. Además, Elma Saiz ha reconocido que «somos muy conscientes de que la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura». Las estimaciones oficiales sitúan el número de posibles beneficiarios en torno a 500.000 personas que se encuentran en situación irregular en España y cumplen los requisitos básicos de residencia. Estos requisitos son: Aunque el Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, otros informes elevan esa estimación a unas 840.000. Por motivos socioculturas, con vital importancia del idioma, la mayoría de los migrantes residentes en España son procedentes de América Latina, con países como Colombia, Perú y Honduras como principales orígenes. Según el reciente informe de Funcas, el número de extranjeros en situación irregular a aumentado hasta un 17,2%.

Por su parte Puente ha informado de que el Consejo ha aprobado
medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente de Adamuz. Unas medidas que incluyen ayudas inmediatas, libres de impuestos y que se pagarán en un plazo no superior a los tres meses. Se trata de un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida, respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. Puente ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. Así son las ayudas del Gobierno para las víctimas de Adamuz y Gelida De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro ha explicado que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos los casos libre de impuestos.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.

Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros. «No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida», ha señalado el ministro.
Por otra parte, Puente ha anunciado que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública mediante el cual el Estado pueda asumir, atendiendo a diversos factores y con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo.
Esto se hará sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, es decir, se trata de un mecanismo que garantice una atención en este tipo de siniestros en el transporte colectivo.

Las últimas palabras del presidente de la CIAF, comisión encargada de investigar el siniestro, han generado problemas para Puente, quien afirmó que se había realizado una renovación «completa» de la vía en la línea Madrid-Sevilla. No obstante, Barrón, que lidera la investigación de la CIAF, mostró su «sorpresa» porque la renovación no había sido tal: «Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así (…) Vamos a pedir a Adif exactamente qué se ha hecho sobre esa vía, por qué algunos tramos sí y otros no».
A estas palabras se ha referido Puente, que en un primer lugar no quería contestar, pero que ha dejado un mensaje claro hacia Barrón. «No voy a entrar en debate con el presidente de la CIAF. Uno de los problemas que puede presentar que haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público y no debe ser así», ha dicho, a lo que ha añadido que el término «integral» se utiliza en el informe Adif: «No es que lo diga yo, lo dice el portal de contratación del propio Adif. Revisen la obra y verán cómo se denomina y todos los procesos que se han realizado al amparo de la renovación de la línea».
«Manifestar sorpresa sobre cuál ha sido el contenido o el alcance de la renovación sí que me produce sorpresa», ha respondido el ministro de Transportes, que insiste en que «basta con entrar en el portal y mirar en qué ha consistido». «Ha habido si no me equivoco 88 procesos de contratación dentro del proyecto de renovación integral. Lo dicen los expertos, no yo, que se llama así porque se renueva la línea de extremo a extremo, no se sustituyen todos los elementos, igual que uno en la renovación integral de su casa no tira todos los muros, depende del estado en el que se encuentre», ha señalado Puente, que subraya que solo se sustituye «lo que se considera» en el momento.

No obstante, ha manifestado que este aspecto es «irrelevante» e «intrascendente» para el accidente de Adamuz, ya que no ha sido la causa del siniestro. Además, ha hecho una reflexión sobre la terminología utilizada en sus comparecencias. «Trato de hacer definiciones y dar detalles técnicos en una materia en la que no soy experto. No soy ingeniero. Transmito lo que me transmiten personas cualificadas, que las hay y mucho, en mi Ministerio. No se pueden pedir intervenciones continuas e inmediatas, absoluta transparencia, y que al mismo tiempo no se puedan cometer errores en terminologías y datos y fechas», ha comentado.
Así, Puente se reafirma en que le parece un accidente «extraño» y que no quiso decir que hubiera sabotajes. «Extraño es, nunca empleé el término pensando en que pudiera haber sabotajes», ha dicho, al mismo tiempo que ha subrayado que puede cometer errores, pero que no tiene el «más mínimo interés» en que no se conozca la verdad: «No solo lo voy a demostrar con palabras, sino con hechos en el día a día, que la mayor garantía que tienen las víctimas es este Gobierno. Nada que ocultar, nada que temer, toda la verdad por delante».

Por último, ha comentado que no le produce sorpresa que el PP pida su dimisión con mensaje a Carlos Mazón incluido: «Que el PP pida mi dimisión no me representa ninguna sorpresa, han tardado demasiado. Tengo la conciencia muy tranquila de que hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy en mi puesto de mando, no en el reservado, y dando la cara. Actúo con arreglo a mi conciencia, a mi sentido del deber y tomaré las decisiones que tenga que tomar».

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