Antes del verano, la Cámara Baja tumbó el plan antiapagón de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico tras el ‘blackout’ del 28 de abril y sus medidas de despliegue de inversiones en renovables o descarbonización de la industria, que el Gobierno ha ido recuperando de manera troceada o por distintas fórmulas, como en este caso el Real Decreto.
De esta manera, el Real Decreto que ha visto la luz este martes en el Consejo de Ministros recupera las funciones de supervisión y control que se potenciaban para Red Eléctrica y la CNMC, y que decayeron en su trámite parlamentario en julio.
Así, se establecen medidas de supervisión y control sobre las obligaciones de control de tensión de los agentes del sector eléctrico, reforzando así las funciones de la CNMC, que deberá, en un informe trimestral de carácter público dar cuenta de esta cuestión, clave para el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico, informó el Ministerio en un comunicado.
Además, el regulador también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del suministro, que repetirá cada tres años.
En lo que respecta a Red Eléctrica, elaborará propuestas de modificación normativa sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos, así como la definición de un procedimiento para monitorizar incidentes, y otro procedimiento para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y la red de distribución. Estas propuestas técnicas del operador del sistema deberán estar listas en plazos de tres a seis meses; las reformas normativas subsiguientes serán analizadas por parte de los organismos competentes y, en su caso, tras las correspondientes valoraciones, las aprobarán en menos de seis meses.
El decreto también recupera las medidas para impulsar la incorporación al sistema eléctrico del almacenamiento de energía, que debe alcanzar una potencia de 22,5 gigavatios (GW) en 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.
De esta manera, se prioriza las hibridaciones de módulos de almacenamiento con plantas de generación cuando aquellos se ubiquen en el terreno ocupado por la instalación original, ya antropizado, mediante disposiciones asociadas a la definición de la potencia instalada y la agilización de la tramitación. Por otra parte, al objeto de impulsar la electrificación, la norma fomenta la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, previniendo el acaparamiento y la especulación.
En esta misma línea, las peticiones de acceso y conexión para demanda deberán identificar el código CNAE de la actividad a desarrollar, que tendrá que ser la misma cuando, posteriormente, se firme el correspondiente contrato de acceso. También se busca impulsar la demanda de electricidad al acotar los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos.
En suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la regulación urbanística, las compañías tendrán un plazo de cinco días si no hay que ampliar la red, de 30 días si se precisa esta ampliación, de 60 días si hay que construir un centro de transformación y de 80 días como máximo si hay que construir varios centros.
Además, el decreto incorpora otros elementos de contenido técnico al ordenamiento jurídico, como son la definición de repotenciación de la normativa europea -a grandes rasgos, la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías- y el desarrollo, en el plazo de nueve meses, de una hoja de ruta nacional para la dinamización de la repotenciación.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros también desarrolla el régimen de autorización de las plataformas de I+D+i para probar prototipos de máquinas de generación o almacenamiento, de tal forma que baste con obtener una autorización de explotación para desconectar un prototipo y conectar otro.
Igualmente, se unifica y aclara la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones de generación y almacenamiento, y se regulan distintas situaciones, como, por ejemplo, cuando varias instalaciones comparten infraestructuras de evacuación y tienen que cumplir distintos hitos de tramitación.
PROCLAMA LA INOCENCIA DE TORRES
El fantasma de Santos Cerdán sobrevoló este martes la sala de prensa de la Moncloa, por lo que ocurrió con él el pasado mes de junio.
El Gobierno en pleno y el PSOE estuvieron defendiendo al entonces secretario de Organización del PSOE hasta el último momento, prietas las filas. Hasta que les cayó a plomo un informe de la UCO de 490 páginas tan contundente como revelador. A pesar de ese precedente, el Ejecutivo ha decidido correr el riesgo de tropezar nuevamente en la misma piedra con el ahora ministro de Política Territorial, Torres. La ministra portavoz, Alegría, hizo una defensa encendida de la inocencia de su compañero de filas aun cuando solo se han conocido las primeras 87 páginas de un total de 353 del esperado informe de los investigadores de la Guardia Civil contra él.
Alegría hizo que constara en acta el apoyo del Gobierno al que fuera presidente de Canarias y, aún hoy, líder del PSOE en Canarias: «Por lo que estamos conociendo del informe, queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. Conforme van avanzando los procesos judiciales se va conociendo la verdad y se descarta completamente la implicación del ministro Torres», afirmó textualmente la ministra.
Alegría tuvo tarea doble, puesto que además de defender a Torres también lo hizo con el fiscal general del Estado, en la segunda jornada de su juicio por revelación de secretos. «El Gobierno mantiene el convencimiento de que el fiscal general del Estado ha buscado la verdad y perseguido el delito», resumió, y mostró la «máxima confianza» del Ejecutivo hacia la Justicia.
Con Cerdán ocurrió que, hasta las horas previas, los socialistas cerraron filas a su alrededor. El martes 10 de junio, dos días antes de que el informe de la UCO lo arrasase todo a su paso en el PSOE, Pedro Sánchez reunió a una especie de comité de crisis en la Moncloa en el que estaba el propio aludido. Él y también Alegría, así como María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López y el jefe de Gabinete del presidente, Diego Rubio. La noche del miércoles algunos miembros empezaron a publicar las primeras informaciones sobre la participación de Cerdán en el cobro de comisiones ilegales, y en la mañana del jueves 12 todo saltó por los aires.
