Fuentes del Ministerio de Inclusión, consideran que el órgano consultivo ha dado su “aval” al procedimiento, si bien su dictamen –que no es vinculante– manifiesta su preocupación ante algunos preceptos. El Gobierno considera que dichas “recomendaciones” del Consejo de Estado “caminan en la misma línea del texto original y respetan la esencia del real decreto”. Por ello, “las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación”.
Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado ha sido la acreditación de que los beneficiarios no tienen antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años.
No obstante, en caso de no obtener el certificado en el plazo de un mes porque el país de origen no lo haya enviado o el Gobierno español no haya obtenido una respuesta tras haberlo solicitado, el texto original plantea que podrá entregarse una declaración responsable de inexistencia de antecedentes, una cuestión que ha generado las críticas de la oposición.
El Gobierno insiste en que este es “uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo”, pero las mismas fuentes no aclaran si se abren a abordar alguna modificación. En lo que respecta al asilo, el Consejo de Estado señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional (PI) y otro resultante de la regularización.
Por lo tanto, el Ministerio accede a que el permiso de PI esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
Por otro lado, el Gobierno “procederá a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado”, de manera que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud.
Al margen de estas cuestiones, el Gobierno considera que el Consejo de Estado “respalda la aprobación con carácter urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería” y “está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen y así aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros lo antes posible”, previsiblemente, el martes. Desde el Ministerio remarcaron que el Consejo de Estado “avala” que la regularización se realice por la vía reglamentaria, “por ser un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional” y “destaca que, en dicho desarrollo reglamentario, se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole”.
Por último, las mismas fuentes gubernamentales señalaron que el órgano consultivo ha valorado “positivamente” los objetivos generales de la regularización, que son las integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa; y el hecho de que los desplazados por la guerra de Ucrania no tengan que presentarse a este procedimiento al tener un cauce específico para ellos. Asimismo, “subraya que el texto legal preste especial atención a los hijos menores de los interesados y otros familiares estrechos”.
