Respecto a si la operadora saudí va a solicitar un asiento en el Consejo de Administración de la cotizada española, el titular de Economía ha afirmado que «ese tema corresponde a la propia empresa» y que desde el Gobierno, «prudencia». El Ejecutivo siempre ha defendido que Telefónica es una de las principales compañías del país, «líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos», y que es determinante por sus «capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa».
Por ello, esta decisión llega después de realizar un análisis detallado que ha recibido el visto bueno de la Junta de Inversiones Exteriores (Invex), un órgano interministerial encargado de evaluar las adquisiciones de empresas extranjeras para garantizar la protección de la seguridad, la salud y el orden público. Las condiciones fijadas para esta autorización exigen que el grupo saudí se comprometa a mantener la cotización de Telefónica en la Bolsa; en segundo lugar, se debe asegurar que las decisiones que afecten a la seguridad nacional sean protegidas, además de garantizar que la sede social y fiscal de la compañía continúe en España. Cuerpo ha remarcado que «Telefónica será capaz de crecer en volumen y tener mejores de oportunidades en Oriente Medio. Es una ventana de oportunidades excelente».
