Esta situación ha ralentizado la firma de convenios, como pone de relieve que en junio se hayan registrado un 9,8% menos que en el mismo mes del año pasado. No obstante, esto no ha evitado que la jornada media pactada se haya reducido, de media, hasta las 37,5 horas semanales.
La Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo actualizada ayer refleja que en la primera mitad del año se suscribieron y registraron 265 acuerdos laborales, en los que se recogió un tiempo de trabajo promedio de 1.712 horas anuales, la cifra a la que se llegaría con el cambio legal impulsado por Díaz, una vez descontadas las vacaciones y los días libres por festivos. Lo que parece apuntar a que los negociadores de convenios, sobre todo en el seno de la empresa, estarían avanzando en la dirección señalada por el Gobierno sin necesidad de tener sobre la mesa la obligación normativa.
Precisamente esta ha sido la postura defendida por la patronal durante los más de diez meses que estuvo abierta la mesa de negociación tripartita y también, durante las conversaciones con CCOO y UGT en los que trataron de encontrar una vía negociada para avanzar hacia el recorte de jornada. CEOE y Cepyme exponen que las empresas no son contrarias a recortar el tiempo de trabajo y que aquellos sectores y empresas que se lo pueden permitir lo han hecho o lo están haciendo, en cambio, argumentan, introducir este cambio como consecuencia de un Proyecto de Ley conlleva unos efectos económicos que el Ministerio de Trabajo no tiene en consideración.
Los sindicatos mayoritarios (y el Gobierno), en contra, señalan que estos avances quedan en una minoría de trabajadores y que hay otros 12 millones de personas a las que este beneficio no llegará a no ser que se modifique la jornada máxima legal a la semana a través del Estatuto de los Trabajadores. El límite actual se aprobó en la década de los 80, pero desde entonces las horas de trabajo se han ido reduciendo de forma progresiva a través de los convenios colectivos, por ser este uno de los dos elementos centrales de las conversaciones entre patronal y sindicatos, junto al salario.
Los datos desprendidos de los 265 convenios que figuran como firmados en 2025 tienen que ser tomados con cierta cautela, puesto que son una parte moderada de los que pueden llegar a firmarse (o registrarse) a final del año y por ser, de momento, cifras provisionales. De hecho, los datos correspondientes al año 2023 siguen siéndolo por lo que pueden ser tomados como un indicador de cómo se mueve la negociación colectiva pero no como una fotografía exacta.
Si bien, hay algo más de un millón de trabajadores afectados por estas negociaciones y 113.163 empresas, ya que la mayoría de estos acuerdos se alcanzaron en el seno de las compañías (187) frente a 78 de carácter sectorial o territorial, pese a ser estos segundos los que, como es lógico, abarcan a un número superior de trabajadores. Además, el tiempo de trabajo acordado en las empresas queda por debajo de esta barrera de las 37,5 horas y se sitúa en 1.685,23 horas, mientras que los acuerdos sectoriales se quedan ligeramente por encima con un promedio de 1.713,45 horas.
No obstante, estos no son los únicos acuerdos en vigor, sino que existe un número importante de convenios que fueron cerrados en los años previos y que tienen efectos económicos en 2025. En concreto son 2.371, en los que se estableció una jornada media anual de 1.753 horas, que en términos semanales equivale a 38,5 horas. Esto implica que actualmente los trabajadores protegidos por convenio destinan 1.748 horas anuales al trabajo, una media de 38 horas a la semana.
Dentro de este esquema existen bastantes diferencias entre territorios, sin que los trabajadores de ninguna de estas comunidades autónomas hayan alcanzado en la práctica las 37,5 horas de media. El País Vasco cuenta con una jornada media de 1.714 horas anuales y Cataluña de 1.715 (que casi rozan la referencia marcada por Trabajo), mientras que en Canarias asciende a 1.881 horas al año, lo que refleja la diferencias en el patrón productivo de cada una de estas regiones.
Los acuerdos alcanzados esta primera mitad del año también vuelven a recoger una fuerte subida salarial del 4,06% que se sitúa casi dos puntos por encima de la inflación, según el último dato adelantado por el INE. El impulso se concentra en los acuerdos de carácter sectorial, por lo que podría responder a que un gran sector haya presentado la firma de un acuerdo que recoja una importante subida para el primer año de aplicación en compensación de incrementos no aplicados durante los años de negociación, como sucedió en meses anteriores.
El último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) fijaba la referencia del 3% para las subidas a efectuar a lo largo de este ejercicio, una pauta a la que parecen estar más pegados los acuerdos cerrados dentro de las empresas con un alza media del 3,17%. Al tener en cuenta el conjunto de los convenios con efectos económicos, el promedio se sitúa en el 3,39%; una referencia que resulta interesante dado que suele tomarse como referencia al demandar la subida del SMI del año siguiente.
El Gobierno aprobó a inicios de mayo el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas, endurecer las sanciones por el incumplimiento del registro horario, introducir nuevas obligaciones en esta materia y reforzar la protección de la desconexión digital. No obstante, el plazo con el que contaban los grupos para presentar enmiendas se amplió en varias ocasiones y no fue hasta mediados de junio cuando Junts, PP y Vox registraron tres enmiendas a la totalidad que amenazan con comprometer la tramitación de esta norma.
Pese a este obstáculo, el Ministerio de Trabajo está decidido a convocar un pleno antes de que acabe junio, presumiblemente el día 22, para llevar a cabo el debate a la totalidad en el que la iniciativa podría ser devuelta al Gobierno o superar este primer examen y continuar el camino hacia su aprobación, por el que pasaría a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja para pasar a debatir los cambios parciales.
