El acuerdo, en cuya licitación se han introducido medidas controvertidas como el tope máximo al descuento en el precio al 10%, tendrá cuatro años de duración en dos de sus principales paquetes.La adjudicación fue comunicada formalmente hace unos días, aunque la ‘luz verde’ del consejo de administración de Correos Telecom, la división de telecos de la compañía pública, se resolvió el 25 de octubre, como queda reflejado en la resolución consultada por La Información. En concreto, los tres lotes han sido adjudicados a tres de las filiales de la operadora presidida en España por Gayo. El precio final al que se ha cerrado el procedimiento es de algo más de 47 millones de euros con impuestos incluidos. El proceso se relanzó el pasado verano. La empresa presidida por Juan Manuel Serrano abría un nuevo concurso. Lo hacía, al igual que el anterior, con un procedimiento de licitación «con negociación». Pero introdujo varias modificaciones relevantes. Una de las principales tiene que ver con el descuento que podían poner sobre la mesa los licitadores. Este se ha limitado a un 8% por oferta y a un máximo del 10% en caso de que la empresa presentara una oferta unificada por todos los paquetes. Hay que tener en cuenta que una de las formas evidentes de competir frente al incumbente es recortando las propuestas económicas.
En la citada resolución del consejo de administración, la elección de la UTE de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática se completa por ser «la oferta económicamente más ventajosa» -ya ha sido comunicado al resto de licitadores-. Esos 47 millones de euros conjuntos representa exactamente ese 10% de descuento tope. Por lotes: el primero, de conectividad de centros y del centro de soporte, se adjudica por 26,3 millones; el segundo, que engloba telefonía fija, red inteligente, call center y movilidad, se entrega por 14,8 millones, y el tercero (telefonía móvil) asciende a medio millón.
La otra gran novedad que se introdujo tenía que ver con esos paquetes: se redujo a tres el número de lotes. Esta reducción implica un límite a las ‘puertas’ a las que atacar y competir para el resto. La dueña de Movistar ya se adjudicó hace varios años este mismo proyecto, por lo que era el que presta el servicio hasta ahora. El contrato que se canceló contaba con cinco divisiones que se han reducido a tan sólo tres esta vez: conectividad de centros, centro de soporte y servicios; telefonía fija, red inteligente, contact center y mensajes sms de negocio, y por último telefonía móvil.
El precio de adjudicación a Telefónica asciende a algo más de 47 millones, lo que supone exactamente el 10% de descuento respecto al de salida Antes de este segundo intento hubo un primero que acabó en polémica. Orange presentó sus credenciales para dos de los cinco lotes iniciales que se plantearon. Pero finalmente se decidió expulsarla alegando que incumplía las condiciones. Los franceses presentaron alegaciones en un recurso de alzada. Pero antes de resolverlo y de conocerse el resultado de las reclamaciones presentadas ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), optó por adjudicar a Telefónica. Unas semanas después dio la razón a la compañía dirigida en España por Ludovic Pech.
El problema es que ambas compañías conocían las dos ofertas, por lo que se creaba un problema. La firma lo calificaba como «desafortunadas consecuencias jurídicas». Esto impedía hacer una retroacción total de las actuaciones, como se planteaba desde la Sepi. La solución que se tomó por el máximo órgano de decisión fue anular la adjudicación ‘in extremis’ y plantear un nuevo procedimiento. Mientras que todo eso se ha ido sustanciando, llevó a una prórroga con el dueño de Movistar y O2 en base a las condiciones previas firmadas en el acuerdo vigente -que eran superiores a las del nuevo contrato-.
Desde mediados de 2020, el grupo Correos asignó a esta división de telecomunicaciones, como empresa especializada, la competencia para gestionar las necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones. Se encarga de la gestión de la red y los servicios corporativos. No cuenta con infraestructura propia suficiente para dar servicio. De hecho, su infraestructura se limita a varios cientos de torres de telefonía y 3.000 kilómetros de fibra. Por tanto, este contrato permitirá ofrecer este servicio a todo el holding público, con más de 5.900 sedes contando con los puntos de recogida (Citypaqs) y 3.400, excluyéndolos.
