Aunque no está claro cuándo la autoridad fiscal publicará el análisis, la fecha límite es el 1 de abril. Como consecuencia el Ejecutivo podría subir -o no- las cotizaciones para pagar la factura del envejecimiento poblacional.
El examen de la AIReF evaluará si la reforma impulsada en un primer momento, por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha servido para atajar el impacto del incremento del número de jubilados en las cuentas públicas. En concreto, analizará la influencia de las medidas públicas adoptadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones entre 2022 y 2050. La AIReF estimará, a fin de cuentas, el resultado del gasto menos el aumento de los ingresos tras las diversas subidas de cotizaciones. Si el resultado supera el 13,3% del PIB -el Banco de España o la AIReF así lo estimaron- el Gobierno deberá ajustar dicho exceso de gasto.
Según algunos expertos el último decreto obliga a que la AIReF cuente las transferencias del Estado como recursos del sistema. Algo que, según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC de Madrid, Miguel Ángel García, «no mejora la sostenibilidad del sistema». En concreto, especifica que las transferencias totales del Estado suman 44.500 millones de euros extra. A lo que habría que añadir un préstamo de la Seguridad Social de 12.000 millones de euros. Es decir, un total de 56.500 millones de euros. Tal y como cuenta el experto, sin estos ingresos, el déficit actual del sistema sería de 1,8 puntos; pero con las transferencias se quedará en 0,5 o 0,6. «El sistema de pensiones ha finalizado 2024 con un déficit del 0,5% del PIB contando con las transferencias del Estado. Algo que, asegura, evita un ajuste inmediato pero «oculta la situación del sistema».
Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Saiz, ha insistido en numerosas ocasiones que confía en que las cuentas cuadren y no sea necesario ajustar el sistema. De hecho, en una entrevista con la agencia EFE hace dos semanas, Saiz aseguró que «todos los datos van en la buena dirección» y destacó la mejora en la tasa de cotizantes por pensionista, que llegó a la ratio de 2,44 por el aumento en número de afiliados.
Si el informe de la AIReF concluye que el gasto neto estimado en pensiones del periodo 2022-2050 supera el 13,3% del PIB, el Gobierno deberá proponer una serie de medidas destinadas a eliminar el exceso de gasto -ya sea a través de una subida en las cotizaciones sociales, la contención de las nóminas de jubilación o una combinación de ambas- . Es decir, el Ejecutivo tendrá que abrir un proceso de negociación con agentes sociales -patronal y sindicatos- para llegar a una solución. Una vez diseñada la propuesta para corregir la desviación entre ingresos y gastos, el Gobierno la remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo y aprobará un proyecto de ley que contenga dichas medidas para su remisión a las Cortes. En caso de no lograr un consenso la solución de última instancia es la cláusula de cierre: una subida automática del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para compensar un 20% del desvío del gasto cada año hasta que se adopten nuevas medidas o se corrija el exceso de gasto por completo. Este caso se daría si el proyecto de ley no estuviera vigente el 1 de enero del año siguiente.
