En total, CSIF calcula que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC. El sindicato entiende que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, justifica su petición formal de este lunes en Moncloa en la «inacción» del ministro de Función Pública, Óscar López, para resolver esta cuestión.
Así, frente a todas las demandas sindicales para los empleados públicos, CSIF se queja de que el Gobierno «no está haciendo nada». «Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público y con una tasa de reposición que impide reforzar las plantillas», lamentó recientemente Borra. Además, CSIF tiene intención de proponer a los grupos parlamentarios impulsar una proposición de ley para que los salarios de los empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como sucede con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.
