La mayor parte de esa deuda corresponde a vencimientos registrados entre 2017 y 2019 y afecta a compañías exportadoras de productos básicos como alimentos, componentes para vacunas, artículos de higiene personal o fertilizantes, según ha explicado a EFE un portavoz de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno de Cuba, que agrupa a una mayoría de esas empresas.
Según la encuesta anual elaborada por ICEX España Exportación e Inversiones, la deuda se ha reducido desde los 284 millones de euros contabilizados en 2023, un descenso que la plataforma, articulada a través de la patronal Foment del Treball, atribuye principalmente al cierre de algunas de las compañías afectadas. A esos impagos se suma la existencia de más de 23 millones de euros en fondos retenidos en Cuba y cerca de 40 en dividendos bloqueados en cuentas de empresas extranjeras en bancos cubanos que no pueden transferirse fuera del país, según el informe.
El documento precisa que esos fondos no se contabilizan como deuda, aunque en la práctica el bloqueo supone la imposibilidad de disponer de ese capital, lo que eleva el valor económico comprometido a unos 318 millones de euros.
La plataforma asegura que, pese a los contactos mantenidos con distintos organismos, no ha encontrado un interlocutor dentro del Gobierno cubano para tratar de solucionar la situación. Según el portavoz, los impagos han tenido ya consecuencias empresariales, con diversas compañías cerradas o en procedimiento concursal.
Las empresas medianas soportan la deuda media más elevada, ligeramente por encima de los 2 millones de euros, mientras que la deuda media más baja corresponde a las microempresas, con unos 0,85 millones.
El 19% de los participantes en la encuesta presenta una deuda superior a su facturación del último año, un grupo que concentra el 37% del total del pasivo. Las comunidades autónomas donde radica un mayor número de acreedores son Cataluña (32%), la Comunidad de Madrid (26%) y el País Vasco (15%). Según datos de la Oficina Económica y Comercial correspondientes a 2022, el 83% de las empresas acreedoras mantenía entonces su actividad, mientras que el 15% ya había cesado operaciones. Las microempresas concentraban el 43% de la deuda; las pequeñas, el 30%; y las medianas, el 21%.
Los afectados sostienen que España acordó en 2016 un programa de conversión de deuda con Cuba, dotado con 375 millones de euros, cuyos recursos, según la plataforma, no se han utilizado. Estos programas permiten transformar pasivos soberanos en fondos destinados a financiar inversiones empresariales en el país deudor, en lugar de exigir su reembolso en efectivo.
La plataforma reclama que se movilicen esos recursos para mejorar la situación de las empresas afectadas o, en su defecto, que se habiliten líneas especiales de crédito. Los afectados subrayan que muchas de las compañías perjudicadas han tenido que tributar en España por beneficios que finalmente no han cobrado. «El impuesto de sociedades se ha pagado en España», ha señalado el portavoz de la agrupación, que ha pedido medidas de compensación análogas a las activadas durante la pandemia del coronavirus.
