Cuerpo ha esquivado cualquier polémica y se ha centrado en el «fondo de la cuestión», que a su juicio pasa por considerar la reducción de la jornada como una «prioridad. «Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Vamos a trabajar para hacer este compromiso efectivo, para hacer una realidad lo antes posible y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno».
¿Esto significa que se vaya a imponer su criterio al de la vicepresidenta? «No me gusta hablar de elementos personalistas, por eso siempre me escucharán hablar de un compromiso por parte del gobierno. Lo que queremos es conseguir conquistar este derecho para los trabajadores, hacerlo de manera efectiva y que sea sostenible».
Asegura que «tenemos un modelo, que funciona, siendo capaces de crecer, de crear empleo a nivel récord, llegando a cifras históricas, siendo una referencia y motor entre las grandes economías de la Unión Europea», algo que para Cuerpo «se está consiguiendo de la mano de la conquista de derechos para los trabajadores».
Por eso ha dejado claro, «es necesario acompañar a las empresas para hacerlo de la manera más efectiva» porque en definitiva van a ser «quienes tengan mayores dificultades para seguir reduciendo esta jornada». Insiste Cuerpo en que «estamos creciendo de la mano de la conquista de derechos» y que esto es «compatible con tener empresas más competitivas y con mayor crecimiento de sus márgenes».
El titular de Economía ha insistido en la necesidad de que las empresas «sigan avanzando en una necesaria mejora de la productividad, que es uno de los grandes retos de la economía española y europea». «Debemos tener cada vez empresas más grandes, que sean más productivas, que se puedan permitir mayores salarios, que se puedan permitir atraer un mayor talento, y ese es el camino en el que estamos». Trabajar en esa mejora de productividad de las empresas implicaría, entre otras cosas «un avance en esa conquista de derechos, y en la reducción de la jornada laboral sin que afectara a los resultados de la empresa o a los salarios de sus trabajadores».
En otro orden de cosas, asegura que la Comisión Europea dejará a partir de este año de hacer misiones periódicas a España por el dinero prestado para rescatar a las entidades financieras en 2012 “Ya no vendrán más los ‘hombres de negro’ a partir del año 2025”, ha señalado Cuerpo. Según este anuncio, España se deshace de la vigilancia especial de Bruselas después de inyectar cerca de 90.000 millones al sector financiero desde 2008. Este gasto supone un impacto acumulado en el déficit público (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de cinco puntos del PIB (Producto Interior Bruto). Cerca de 75.000 millones, a cierre de 2023, según los últimos datos publicados por la propia Comisión Europea.
Cuerpo, que presentará este mismo martes en el Consejo de Ministros la estrategia de financiación del Tesoro Público para 2025, ha explicado que durante este 2025 nuestro país abonará el pago adicional que el Estado le debe al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) por el préstamo que nos dio para el rescate de las instituciones financieras en 2012, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Tras el pago que se realice este año al MEDE, el Reino de España ya no tendrá más misiones de las instituciones europeas e internacionales en relación con ese préstamo, con ese rescate de las instituciones financieras”, ha incidido el ministro de Economía.
“Teníamos misiones posprograma desde el rescate de las instituciones financieras, con una frecuencia periódica. Este año ya habremos alcanzado el repago del 75% de ese crédito que nos dio el MEDE, y esto supone que estas misiones y estos informes dejarán de emitirse”, ha detallado Cuerpo.
Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió en octubre el informe que analiza la evolución de los programas de apoyo al sector financiero. El informe cifra en alrededor de 90.000 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2023 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado cerca de 16.000 millones. De ahí el resultado del desfase de 75.000 millones. En puntos del PIB, solo Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovenia han acumulado un impacto mayor.
Actualmente, el objetivo del Gobierno es cerrar 2024 con un déficit del 3%, según lo comprometido con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) para reducir los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública.
