El empresario granadino ha tomado la decisión de convocar al Comité Ejecutivo que hace dos semanas se opuso a este cambio y a la Junta Directiva el próximo martes, con el objetivo de sentar las reglas del proceso electoral y anunciar la fecha de la votación.
El voto delegado ha centrado la discusión entre las dos familias de la patronal desde que la dirección de la patronal de las pequeñas y medianas empresas decidió homologar el sistema el aplicado en CEOE o ATA, donde no existe la posibilidad de delegar el voto en otro vocal en las elecciones y para el resto de decisiones se limita a seis el número de opiniones que puede concentrar una persona. Esto se debe a que Cuerva decidió dar este paso tras conocer que el entorno del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, estaba ejerciendo presiones con «chantajes económicas» con el fin de asegurar los apoyos a la candidatura que hiciera frente al actual presidente de Cepyme.
Este proceso fue muy polémico, dado que el Comité Ejecutivo se posicionó en contra de este giro y después la Junta (el órgano que tiene capacidad para modificar los estatutos) avaló los cambios. La discusión tuvo lugar en un clima de alta tensión, en el que los vocales más próximos a las posiciones de CEOE amenazaron con impugnar los cambios en los tribunales y enviaron una serie de cartas al líder de las pymes para denunciar la ilegalidad de estos cambios. A comienzos de esta semana tuvo lugar un cruce de informes jurídicos. Cuerva estaba amparado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que acudió en persona para defender la validez «provisional» del nuevo mecanismo de voto a la espera de que fuera avalado por la Asamblea General. Los vocales más favorables a Garamendi respondieron con otro de la consultora EY, pero se rebajó el tono.
En este contexto, Cuerva quiere evitar que se agrave una situación que perjudica a la imagen de las organizaciones empresariales -como denunciaron varios dirigentes empresariales después de que ambos escenificasen sus diferencias frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el mismo acto de los premios-. Desde la organización admiten que no dan los tiempos para convocar una Asamblea que avale los cambios, por lo que creen que la opción más coherente es conservar el antiguo sistema de voto como medida excepcional, únicamente para las próximas elecciones, dado que el cambio está avalado por la Junta y es formalmente válido.
La Junta es el órgano competente para decidirlo, por ser la señalada por el Reglamento Interno para modificar los estatutos y por ser el foro en el que se aprobaron los citados cambios. No obstante, las fuentes consultadas detallan que «no se trata de dar marcha atrás» sino de posponer el refrendo de las modificaciones para evitar que la polémica siga creciendo. Está previsto que el mismo martes se de a conocer la fecha de la votación, que tiene que dejar un mínimo de 50 días para formalizar las candidaturas y el equipo que les acompaña.
