Un estudio que incide en que son estimaciones aún iniciales y que queda aún muchos daños y efectos colaterales por valorar. De hecho, el propio Maudos, director adjunto de Investigación del IVIE, señalo en la presentación del informe Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia que posiblemente la cifra total se acercaría a los 20.000 millones si se consideran otros aspectos que aún no se han podido cuantificar.
El documento estima los daños provocados en más del 20% del stock de capital de los 89 municipios valencianos afectados por las inundaciones, que en conjunto suman unos activos públicos y privados por valor de 85.900 millones de euros del stock de capital.
El 65% de los activos de la zona son viviendas, con un valor estimado de 56.295 millones de euros. Según los datos obtenidos por georreferencia, alrededor de 144.000 viviendas se han visto afectadas en distinto grado, aunque es especialmente en los 15 municipios de la zona cero donde el impacto es dramático, con más de 91.000 viviendas que representan casi tres de cada cuatro inmuebles. Por su parte, las infraestructuras públicas y otras construcciones privadas suponen otro 35% del stock de capital, unos 23.605 millones de euros.
El IVIE defiende que este parámetro, las pérdidas y devaluación del capital, es el que debe tenerse en cuenta para valorar el impacto económico de la DANA en Valencia frente al posible efecto en el PIB. Según Francisco Pérez, director de Investigación del IVIE, «el PIB no mide una destrucción extraordinaria de activos por un desastre meteorológico porque su propia metodología en Contabilidad Nacional no lo computa», explicó. Así, el indicador no descuenta la depreciación registrada, cuando la Comunidad Valenciana ha sufrido una pérdida de valor de sus activos por los daños y pérdidas de la DANA.
Según el IVIE, el territorio afectado representa una de las mayores concentraciones de empleo industrial, comercial y logístico de la Comunidad Valenciana, por lo que la interrupción de la actividad supondrá fuertes impactos en el empleo. En concreto, el documento analiza los sectores con más empleados que se han acogido a Erte hasta principios de enero.
Aunque el sector manufacturero es el que en conjunto cuenta con más número de personas incluidas, en los municipios de la zona cero la hostelería, con el 35% de su empleo total, y el ocio y cultura, con un 30%, se llevan la mayor incidencia y son por ellos los que más riesgo corren de no poder mantener la actividad.
En plena polémica sobre las ayudas por la DANA, el director del IVIE, Pérez fue rotundo al afirmar que la recuperación y reconstrucción «será muy difícil si no se nos echa una mano importante» ante la magnitud de la destrucción. «Hacen falta más ayudas y más rapidez, que tienen que venir de fuera, del Estado», aseguró para recordar que en las grandes crisis la opción más viable es una «metalización para cubrir el coste. Además recordó la situación de las finanzas públicas de la Generalitat Valenciana, que no puede acudir al mercado y cuya liquidez depende del FLA ya antes de la DANA.
En cuanto a lo que se tardará en volver a recuperar los niveles económicos previos apuntó que «el tiempo dependerá de la potencia de las ayudas, de su orientación y del aprovechamiento que se haga de ellas».
Por su parte, Maudos cifró en unos 11.600 millones de euros las ayudas totales no reembolsables, incluyendo bonificaciones fiscales, aprobadas hasta ahora por las Administraciones según los datos de Airef, que comparó con esos cerca de 20.000 millones de euros que estima que se alcanzarán. Además, puso énfasis en el caso de las ayudas directas a empresas y tejido productivo del Gobierno central, que cifró en 1.040 millones de euros, cuando se estiman en más de 13.000 millones sólo las pérdidas en el sector privado.
El informe también analiza la inversión en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia de las Administraciones Públicas y las Confederaciones Hidrográficas y apunto «un fuerte ajuste a la baja a partir de 2009», como resultado de los recortes en las inversiones públicas para controlar el déficit público al estallar la crisis financiera.
Así, de unas cifras anuales situadas en entorno a 200 millones de euros en la provincia de Valencia, se pasó a menos de 50 millones al año a partir de 2011. Una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes.
