Ante la magnitud del suceso, surge la pregunta clave: ¿debería Puente dimitir como máximo responsable político del sector? Este debate no es nuevo en la historia democrática española, donde la asunción de responsabilidades por parte de los altos cargos ha sido objeto de controversia y comparación internacional.
Desde 1977, España ha vivido escasas dimisiones voluntarias de ministros por sucesos graves. Destacan casos como el de José Luis Corcuera en 1993 tras la polémica sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Magdalena Álvarez en 2009 por la crisis de Cercanías en Cataluña, o Ana Mato en 2014 tras el caso Gürtel. Sin embargo, la mayoría de las dimisiones han estado más vinculadas a escándalos de corrupción o presiones políticas que directamente a la gestión de tragedias públicas. En comparación con otros países europeos, donde la dimisión por responsabilidad política ante accidentes o errores de gestión es más frecuente (como en Reino Unido, Alemania o Francia), la cultura española tiende a la resistencia y a la justificación institucional.
La tragedia de Adamuz, por su número de víctimas y repercusión mediática, remite inevitablemente al accidente de Angrois en 2013, que supuso la dimisión del presidente de Renfe pero no del ministro correspondiente. En el caso de Puente, la gestión inicial ha sido criticada por la falta de transparencia y por la lentitud en la asunción de responsabilidades, lo que ha incrementado la presión social y política. Comparando con precedentes, la gravedad de lo ocurrido en Adamuz supera muchos de los casos históricos en cuanto a impacto humano y simbólico, lo que debería elevar el estándar de exigencia política.
En España, la asunción de responsabilidades políticas ante tragedias suele diluirse en comisiones de investigación y promesas de mejora, pero rara vez se traduce en dimisiones inmediatas. Frente a la cultura política de países como Reino Unido o Suecia, donde la dimisión se considera un acto de dignidad y respeto institucional, en España predomina la defensa del cargo y el argumento de que la responsabilidad es colectiva y no individual. Esta actitud perpetúa una percepción de impunidad y distancia entre representantes y representados.
Las consecuencias de la tragedia para Renfe, ADIF y la marca AVE son considerables. La confianza en la seguridad ferroviaria se ve dañada, afectando no solo a la reputación internacional, sino también a la competitividad económica del sector. La gestión política de la crisis influye directamente en la recuperación de la imagen pública: una dimisión responsable podría ser interpretada como un compromiso real con la ciudadanía, mientras que la permanencia puede alimentar el descrédito y la desconfianza.
La resistencia a la dimisión en la política española contrasta con la tradición europea, donde el principio de responsabilidad política está más arraigado. En países como Alemania o Reino Unido, ministros han dimitido por errores de gestión o por no prever tragedias, sin necesidad de imputaciones judiciales. En España, la dimisión sigue siendo vista como una excepción y no como una norma democrática, lo que dificulta la consolidación de una cultura política moderna y transparente.
La dimisión de Óscar Puente, tras la tragedia de Adamuz, sería un gesto de responsabilidad política y ética que contribuiría a fortalecer la democracia española y a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aunque la cultura política nacional aún resiste este tipo de medidas, la gravedad del suceso y la comparativa internacional exigen una reflexión profunda sobre el papel del ministro y la necesidad de asumir responsabilidades. Es momento de preguntarnos si queremos seguir anclados en la excepción o avanzar hacia una democracia más madura y exigente, donde la dimisión no sea una derrota, sino una muestra de respeto y compromiso con la sociedad.
