No por sus cifras recaudatorias, ni siquiera por sus efectos inmediatos sobre las plataformas digitales, sino por su valor como símbolo en una partida geopolítica cada vez más tensa. La renovada ofensiva de la administración Trump contra los impuestos digitales unilaterales ha colocado a España ante una disyuntiva delicada: mantener la tasa hasta que se formalice el acuerdo multilateral de la OCDE, o retirarla como gesto político hacia EE. UU.
La posibilidad de una retirada anticipada del impuesto ha tomado fuerza. Aunque aún no se ha producido un movimiento oficial por parte del Gobierno, la presión diplomática es evidente y las conversaciones técnicas en Bruselas y París se han acelerado. A fecha de hoy, el margen de decisión sigue abierto, pero cada paso empieza a tener un precio político y fiscal más elevado.
Desde el punto de vista jurídico, España tiene plena capacidad para modificar o suprimir este tributo cuando lo considere oportuno. Se trata de un impuesto estatal, y no existe impedimento legal internacional que lo impida. Sin embargo, su retirada ahora, antes de que entre en vigor el nuevo marco global, debilitaría la posición de España en las negociaciones y trasladaría un mensaje de falta de compromiso con una fiscalidad más justa en la economía digital.
El acuerdo de la OCDE contempla que los impuestos digitales unilaterales desaparezcan cuando el nuevo sistema esté operativo. Hasta entonces, su mantenimiento es legítimo y compatible con los compromisos internacionales. Actuar con anticipación, por interés político o como respuesta a presiones externas, solo añadiría incertidumbre a un escenario ya complejo.
No puede obviarse el componente estratégico. Estados Unidos defiende con firmeza los intereses de sus gigantes tecnológicos y busca eliminar cualquier gravamen que los penalice en mercados extranjeros. La Tasa Google puede convertirse en moneda de cambio en las negociaciones comerciales. Si España opta por suprimirla, cabe esperar una contrapartida clara, ya sea en forma de reducción de aranceles o de acceso preferente a ciertos mercados.
También deben valorarse las consecuencias prácticas. La supresión del impuesto no afectaría a las cuotas ya satisfechas, que seguirían siendo válidas salvo reforma con efectos retroactivos, algo jurídicamente improbable. Pero en los procedimientos abiertos o en revisión, la nueva legislación podría modificar el escenario. Además, habría impacto indirecto sobre los medios digitales, cuyos márgenes ya se han visto alterados por el posible traslado de costes desde las plataformas.
En este punto, conviene recordar que las implicaciones no son solo fiscales. El encarecimiento de los servicios publicitarios digitales puede acabar afectando al derecho de acceso a la información. Si los medios reducen su actividad o los usuarios deben pagar más para acceder a contenidos informativos, se limita, aunque sea de forma indirecta, un derecho constitucional básico.
Mantener la Tasa Google hasta que exista un reemplazo multilateral firme no es una cuestión de obstinación, sino de coherencia. Supone defender la seguridad jurídica, la soberanía fiscal y una posición negociadora sólida en un proceso internacional que sigue abierto. Ceder ahora sin garantías sería precipitado y costoso.
La fiscalidad digital es el campo de batalla de una nueva economía global. En él no se dirimen solo los ingresos públicos, sino también el equilibrio de poder entre Estados, empresas tecnológicas y ciudadanía. Por eso, cada decisión cuenta. Y cada renuncia también.
Resulta especialmente revelador que, pese a la firmeza de sus declaraciones, la administración Trump no haya articulado todavía medidas concretas contra España o el resto de los países que mantienen la tasa. Esta inacción, más allá de la retórica, podría interpretarse como un reconocimiento implícito de que la presión tiene límites. La falta de respuesta efectiva debilita su capacidad de disuasión y otorga margen político a los Estados para mantener sus políticas fiscales mientras se define el futuro marco multilateral.
