A preguntas de todas las partes, el comisionista se ha desmarcado de este entramado, ha culpado a otros empresarios de las conductas que se atribuyen a quien era su socio y ha deslizado que puede ofrecer a la Fiscalía información que relaciona los hidrocarburos con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.
Según informan en fuentes jurídicas presentes en la declaración, la cuestión ha girado en torno a un sobre con matasellos de PDVSA del que la UCO conoce por una fotografía que Aldama intercambió con un socio, Escolano. Él le habría custodiado ese sobre que los investigadores no encontraron en ninguna de las entradas y registros, generando no pocas especulaciones.
Como reflejaba un informe de la UCO en el caso hidrocarburos, como remitente del sobre figura Manuel Quevedo Fernández, que fue presidente de la petrolera venezolana hasta abril de 2020, y la destinataria es Delcy Rodríguez. La fecha es 4 de febrero de 2020 y los investigadores apuntaban ya en ese atestado que Escolano era el «custodio». Cuando meses después sus dependencias fueron registradas, tampoco apareció.
El fiscal Pastor ha preguntado directamente a Aldama si se lo entregó la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el comisionista ha asentido. Al preguntar qué contenía, sin embargo, ha pospuesto su respuesta. Según las fuentes consultadas, ha dicho que «es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la internacional socialista», deslizando así la posibilidad de utilizarlo para mejorar sus acuerdos con la Fiscalía.
No ha sido la única acusación. A lo largo de su declaración ha vuelto a señalar al ministro Torres, al afirmar que estaba en relación con uno de los implicados en la trama, Manuel Salles, y Koldo García para poner en marcha unos depósitos fiscales de hidrocarburos en Canarias, negocio que luego no cuajó.
Fuera de la sede judicial y en declaraciones a los medios, ha hecho hincapié en este punto: «Se lo tendrán que preguntar a Ángel Víctor Torres porque yo no sé las reuniones que tuvo Manuel Salles con el señor Koldo García en Canarias con Ángel Víctor Torres, pero entiendo que si iban a entregar unos depósitos fiscales, pues estarían dentro del negocio de hidrocarburos», ha afirmado.
En cuanto a los hechos que le traían al juzgado, su presunta pertenencia a una organización criminal liderada por Claudio Rivas para defraudar impuestos, dentro y fuera ha negado la mayor pero esta vez, poniendo en el foco a Carmen Pano. Se trata de la empresaria detrás de la comercializadora de hidrocarburos Have Got Time, la misma que trabajaba con Claudio Rivas y que, según la UCO, compró siguiendo sus instrucciones un chalet en Cádiz para el disfrute de Ábalos a cambio de que influyese en la concesión de la licencia de operadora que requería Villafuel. También es la misma que viene sosteniendo que hizo entrega de dos bolsas con 90.000 euros para Aldama en la sede del PSOE en Ferraz.
Aldama le ha dado la vuelta a las conclusiones de la UCO. Según ha explicado, Pano le pagaba a él para que repartiese mordidas entre Ábalos y Koldo porque era Have Got Time la que al inicio quería la licencia por la vía rápida, mientras que Rivas estaba tramitando un expediente de forma convencional.
Ante el juez, Aldama ha asegurado que Pano se lo pidió porque necesitaba «influencia» en el Ministerio de Transportes y llegó a tener por ello una reunión con Koldo García, donde él le habría explicado la «dinámica de comisiones». Asegura que él se limitó a ponerles en contacto y que, efectivamente, cobraba de ella, pero no esos 90.000 de Ferraz. Insiste en que es absolutamente falso que ocurriese y que no tendría por qué negarlo cuando considera que le beneficiaría en términos de presunta colaboración con la justicia reconocer también ese cobro. «Yo me he acusado de cantidades mucho mayores», ha añadido.
