El esfuerzo requerirá de medidas extraordinarias, más allá de las deslizadas en el informe de garantías enviado hace una semana a Bruselas. Los expertos coinciden. Tanto del Banco de España, como Funcas, Fedea o BBVA Research, insisten en que será necesario, si no se contiene el gasto, arañar ingresos equivalentes al 0,5% del PIB cada año, a través de la reforma fiscal que los socios de coalición siguen discutiendo a puerta cerrada.
«Estamos sujetos a unas reglas fiscales que condicionan la evolución de nuestro gasto público, y que nos obligarán a contener mucho el crecimiento del gasto, si proyectamos las cifras (del plan fiscal estructural) nos dará para el aumento del gasto en defensa, incremento salarial aprobado para los empleados públicos, y poco más», afirma el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e Investigador de Funcas, Lago. Cabe recordar, que la OTAN reclama a España 10.000 millones más de gasto en Defensa cada año, y que el Gobierno aprobó en junio un incremento del salario de los empleados públicos del 2% en 2025, y un aumento adicional del 0,5% en función del avance del IPC.
Según el documento que Economía envió a Bruselas, el Ejecutivo se compromete a mantener el crecimiento del gasto promedio en el 3% hasta 2031, y aplicar un esfuerzo fiscal equivalente a 0,42 puntos sobre el PIB al año, con el objetivo de mantener la senda descendente de la deuda comprometida. La AIReF avala el ajuste previsto por el Ejecutivo, siempre que se desarrolle de forma constante durante los próximos siete años, tal y como describe el plan fiscal. Aun así, el organismo advierte de que no se conseguirá cumplir con la UE si las CCAA no garantizan su disciplina fiscal.
«Para alejar los riesgos, sería necesario realizar un ajuste adicional del déficit», insiste Funcas en su último informe de previsiones. Para lograrlo, el plan fiscal de Moncloa promete «medidas adicionales» para reforzar la progresividad del sistema tributario, elevar la presión sobre «los grandes grupos económicos» y «profundizar en la tributación medioambiental y la disuasoria de consumos indeseados».
Los expertos reclaman una reforma fiscal estructural, que reinvente el sistema. Margen existe, según el Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Sánchez, lleva semanas insistiendo en que nuestro país cuenta con cuatro puntos menos de presión fiscal sobre la media de la Unión Europea, y los analistas avalan el dato. «En el ranking -elaborado a finales de 2023- solo tenemos por debajo siete países, entre los que se encuentran Rumanía o Irlanda», apunta le catedrático de la UNED, Labeaga. El exdirector del Instituto de Estudios Fiscales recuerda que «Italia cuenta con una presión fiscal del 42%, España registra una tasa de37%», por debajo también de la media comunitaria, ubicada en el 41%.
En el capítulo del gasto, no obstante, los expertos de Fedea advierten de la puesta en marcha en 2025 de Presupuestos demasiado «expansivos» en determinados niveles de la Administración pública, en especial, de las comunidades autónomas, ya que las Cuentas estatales siguen en punto muerto. Desde el organismo presidido por de la Fuente ponen de manifiesto el modo en que el sector público debería apretarse el cinturón en un contexto de deuda ya demasiado elevada y costes cada vez mayores derivados de los sistemas sanitarios y educativos.
Los expertos de BBVA Research llaman también la atención sobre el modo en que el desembolso de las Administraciones está acaparando excesivo protagonismo en el avance del PIB. Sus analistas consideran que a él se debe el 60% del crecimiento acumulado de la economía española desde el año 2019. De hecho, este es el componente que más ha avanzado en la Contabilidad Nacional desde la etapa previa al Covid.
De momento, para adivinar un esbozo de la reforma que se baraja, hay que acudir al Libro Blanco que el Comité de Expertos publicó hace dos años. Una de las recomendaciones que el informe incluye, ha tomado vigor ahora, en plena crisis de acceso a la vivienda. Una de las firmantes del informe, Cantó apuesta por buscar una fórmula que combine una mayor presión sobre los tenedores que cuentan con inmuebles vacíos, y medidas que «desincentiven que la gente siga metiendo su dinero en el bien más rentable»: la vivienda.
La profesora de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, reveló hace unos días, en una jornada celebrada en el Congreso, que la ministra de Hacienda, Montero, descartó -hace dos años- aplicar el catálogo de recomendaciones fiscales que ella misma encargó. «Se nos dijo que en ese momento (2022) no se podía aplicar casi ninguna medida del Libro Blanco», dijo. Cabe recordar, que la publicación del documento coincidió con el estallido de la guerra en Ucrania, y la posterior crisis de la inflación. «ahora con el IPC en el 1,5% en septiembre (último dato publicado) es el momento de la reforma fiscal».