Víctor de Aldama entregó la semana pasada ante el Tribunal Supremo la lista de una serie de obras públicas, que estaban pre-adjudicadas, y que se licitarían conforme a los Presupuestos Generales del Estado del año 2021″, la mayoría de la Dirección General de Carreteras, que depende del Ministerio de Transportes (antes, Fomento) en las que habría habido «mordidas» de dinero público.
Algunas de estas contrataciones vienen subrayadas en verde, lo que significaría según el comisionista que son posibles adjudicaciones, y otras en rosa para marcar que están pre-adjudicadas a empresas expresamente seleccionadas que, según el empresario, se comprometieron a pagar comisiones si finalmente se les adjudicaban.
Dos de las obras señaladas por Aldama se adjudicaron con el último ministro del PP al frente del ministerio, Íñigo de la Serna, pero fueron, sin embargo, modificadas posteriormente, ya con Ábalos al frente, para elevar su presupuesto en varios millones. Por un lado, está el contrato para la duplicación de la calzada de la carretera N-388 entre la autovía A-70 dirigida a mejorar el acceso al aeropuerto de Alicante. Fue adjudicada con el Gobierno de Rajoy el 13 de abril de 2018 por 18.500.000 euros. Pero a posteriori, el 13 de junio de 2021, un mes antes de la salida del exministro socialista, se modificó el contrato para aumentar el presupuesto en más de 1.200.000 euros. Lo que elevó el total del coste de la actuación hasta los 19.828.765 euros de dinero público.
La otra contratación fue adjudicada por el Ejecutivo popular el 18 de mayo de 2018 para crear un ramal de continuidad y mejorar los enlaces entre Sierrapando y Barreda con un valor de 109 millones de euros. Ya con Ábalos al frente de Transportes se modificó la adjudicación el 9 de junio de 2021 para sumar al margen de gasto otros 9.200.000 euros, lo que dejó el coste total en 118.314.488 euros de fondos públicos.
Por lo tanto, estas adjudicaciones señaladas por Aldama por el cobro de comisiones ilegales sí que fueron adjudicadas en la época del último Gobierno popular, aunque luego sufrieron modificaciones impulsadas por el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos, imputado en el «caso Koldo» y que declara este viernes por primera vez ante el Supremo. En las modificaciones como esta de una adjudicación pública no interviene la mesa de contratación, que es la encargada de escoger en un inicio y atendiendo a criterios técnicos quien asume la adjudicación de las empresas que se presentan al concurso.
Los cambios posteriores con la obra ya adjudicada a una empresa para su ejecución, como estos que se realizaron para la elevación del presupuesto, son aprobados directamente por la dirección general de Carreteras de Transportes, que entonces ocupaba Javier Herrero. El proceso funciona así: el delegado provincial de Carreteras propone este cambio y Herrero da el visto bueno definitivo. Sin que haya lugar a la impugnación o control por parte de la mesa de contratación. A Herrero lo nombró Ábalos al llegar al ministerio en junio de 2018 y fue destituido fulminantemente en junio de 2022 con la llegada de la sucesora del exministro, la socialista Raquel Sánchez
Por tanto, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, omitió estos cambios en los contratos que ejecutaron con Ábalos en el ministerio cuando aseguró que estas obras se licitaron y adjudicaron antes de su llegada. Y lo mismo hizo Patxi López, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, que defendió que «la inmensa mayoría se adjudicaron antes de que Ábalos fuera ministro», sin tener en cuenta que fueron modificados después con él al frente de Transportes.
