La cifra supone un repunte del 4,5% frente al mismo período del año anterior, lo que indica que cada vez más personas dejan de pagar la renta a los caseros o que permanecen en la vivienda una vez finalizado el contrato.
El repunte de esos casos llega en plena escalada de los precios del alquiler y el cada vez más difícil acceso a la vivienda. En total, los desahucios de inquilinos morosos ya suponen el 70% de los desalojos totales que dictan los jueces en España, según revelan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del ejercicio 2024. Le siguen los desahucios por impago de las hipotecas, que suponen el 17,1%; por ocupación ilegal, que son el 7,04%; y desalojos por otros motivos sin especificar, que son el 6,51%. En 2013, año en el que se empezaron a recopilar estadísticas, los desahucios por impago de hipotecas y por no pagar la renta estaban más equiparados. Entonces, los primeros suponían el 38,5% del total, teniendo en cuenta que España aún estaba sufriendo los coletazos de la crisis económica de 2008 y la crisis financiera de 2012; mientras que los desalojos por inquilinos morosos representaban el 56,7%.
Sin embargo, ahora los desahucios por dejar de pagar los créditos inmobiliarios han caído al nivel más bajo desde la gran crisis, con un total de 5.073 sentencias; frente a las 29.225 que llegó a haber en 2015.
Las provincias españolas donde los jueces dictaron el año pasado más sentencias de desahucio a inquilinos que habían dejado de pagar la renta fueron Barcelona, con 3.966 fallos; seguida de Madrid (2.375); Valencia (1.168); Alicante (1.096); y Málaga (933). En el caso contrario se situaron Soria (20), Zamora (24), Cuenta (36) y Segovia (43). Las denuncias presentadas en los tribunales españoles por ocupación ilegal, es decir, por hacerse con el inmueble a la fuerza sin que el ocupante tenga o hubiera tenido título para alojar el inmueble como una hipoteca o un contrato de alquiler previo, crecieron hasta las 2.306 en 2024, lo que supone un repunte del 1,67% frente al año anterior.Las provincias donde más denuncias se interpusieron el año pasado por este motivo fueron Barcelona, con 318; Alicante, con 220; Madrid, con 186; Valencia, con 111 y las Islas Baleares, con 107.
En total, los jueces españoles dictaron el año pasado 2.088 sentencias acordando el desahucio de los okupas, lo que supone una caída del 10% en el número de fallos emitidos frente al año anterior. De nuevo, donde más sentencias de desalojo se dictaron fueron en Barcelona, con 283; Alicante, con 229; Madrid, con 184; Baleares con 106 y Gerona, con 104.
El CGPJ recopila los datos de desahucios por ocupación ilegal desde 2018. En junio de ese año se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el 2 de julio, para acelerar el desalojo de estos okupas. Esta norma permite que, a partir de que los tribunales admiten la demanda, se da un plazo de cinco días a los ocupantes para que justifiquen si tienen un título para estar en la vivienda, como una hipoteca o contrato de alquiler. En caso contrario o si el okupa no contesta, se dicta sentencia de desalojo con efectos inmediatos, sin tener que esperar al período habitual de 20 días para la ejecución del fallo.
