El desequilibrio se concentra en la Administración Central (–2,91% del PIB) y la Seguridad Social (–0,54%), si bien las cuentas del sistema de pensiones están sostenidos por transferencias del Estado que distorsionan la fotografía real. El sistema de pensiones es el gran “elefante en la habitación”. En la práctica, alrededor de 1 de cada 4 euros que paga la Seguridad Social se financian vía déficit y endeudamiento. La Seguridad Social absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales y la Comisión Europea proyecta que este porcentaje pueda llegar al 47% en 2050, disparando la presión fiscal y desplazando la capacidad de dedicar el gasto a otras políticas. En las dos últimas décadas, la deuda pasó del 45,3% (2004) al 101,8% (2024), lo que supone el mayor salto de entre todas las grandes economías de la UE. Como resultado, el margen fiscal del que goza España en caso de enfrentar una nueva crisis es escaso y nuestra posición de partida para afrontar los costes del acelerado y acusado envejecimiento de la población no puede ser más frágil. La aparente mejora del ratio deuda/PIB tras la pandemia no obedece a una consolidación genuina, sino al crecimiento nominal
• Déficit estructural persistente: España cerró 2024 con un déficit del 3,16% del PIB y una deuda del 101,8%. El desequilibrio se concentra en la Administración Central y la Seguridad Social, cuya situación se sostiene artificialmente mediante transferencias estatales.
• Sistema de pensiones en riesgo: Uno de cada cuatro euros que paga la Seguridad Social se financia con déficit. El gasto en pensiones ya absorbe el 35% de los ingresos fiscales y podría alcanzar el 47% en 2050, desplazando otras prioridades presupuestarias.
• Evolución preocupante de la deuda: En solo dos décadas, España ha duplicado su ratio deuda/PIB, protagonizando el mayor incremento entre las principales economías de la UE. Esta aparente estabilidad tras la pandemia se explica por el crecimiento nominal del PIB, no por una consolidación fiscal real.
• Coste creciente de los intereses: La factura por intereses ya representa el 2,4% del PIB, lo que reduce el margen para políticas públicas esenciales. Se prevé que esta cifra aumente hasta el 2,9% en los próximos años.
• Esfuerzo tributario desviado: Los intereses consumen cerca del 83% de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades, el 38% del IVA, el 27% del IRPF y casi una quinta parte de las cotizaciones sociales.
• Deuda intergeneracional: La deuda por habitante se ha triplicado desde 2004, superando la media de la Unión Europea. Es una muestra clara del coste trasladado a las generaciones futuras.
• Gasto creciente pese a ingresos récord: En 2024, la recaudación alcanzó el 42,3% del PIB, pero el gasto fue del 45,4%. España encadena déficits desde 2008, señal de un problema de exceso de gasto, no de falta de ingresos.
• Débil disciplina fiscal: Entre 2004 y 2024, España solo cumplió alrededor del 35% de las normas fiscales europeas. Desde 2023 opera con presupuestos prorrogados, y la ejecución de 2025 ya supera ampliamente los niveles establecidos en esas cuentas.
• Situación de la Seguridad Social: Acumula 126.000 millones en deuda y un patrimonio neto negativo próximo a los –98.526 millones. Desde 2005, el Estado ha transferido más de 400.000 millones para mantener el sistema de pensiones.
• Desglose del Día de la Deuda por administraciones:
Estado: 10 de noviembre
Seguridad Social: 10 de diciembre
Comunidades Autónomas: 28 de diciembre
Entidades Locales: 31 de diciembre
Sin transferencias, el sistema de pensiones agotaría sus recursos el 3 de octubre.
• El Reloj de la Deuda 2025: La deuda crece a un ritmo de 6,8 millones por hora, ~114.000 euros por minuto y ~1.900 por segundo.
• Hay margen de ajuste: Informes de eficiencia administrativa estiman un potencial de ahorro de hasta 60.000 millones anuales. El reto pasa por auditar, evaluar por resultados y desmontar estructuras de gasto improductivo y clientelar.
La deuda por habitante se ha triplicado en los últimos veinte años: crece de 9.163 € (2004) a 33.332 € (2024), superando ya la media de la UE. Los ingresos han alcanzado niveles récord, pero el gasto sube a un ritmo aún mayor. Así, aunque en 2024 la recaudación alcanzó el 42,3% del PIB, el gasto ascendió al 45,4%. España encadena déficit presupuestario tras déficit presupuestario desde 2008, lo que confirma un problema de exceso de gasto, y no de falta de ingresos.
La disciplina fiscal es débil: entre 2004 y 2024, España apenas ha cumplido en torno al 35% de las reglas europeas. Además, nuestro país opera desde 2023 con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
La Seguridad Social acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. Desde 2005 el Estado ha transferido más de 400.000 millones a la Seguridad Social para sostener las pensiones. En 2024, el déficit básico del sistema es de 66.206 millones y el déficit contributivo, de 60.616 millones.
El Día de la Deuda de 2025 se da el 9 de diciembre, siendo la media de la UE el 7 de diciembre. Esta fecha simboliza en qué día del año se agotan los ingresos propios y el presupuesto pasa a ser financiado a través del endeudamiento. Por capas, el Estado llega a su Día de la Deuda el 10 de noviembre, la Seguridad Social hace lo propio el 10 de diciembre, las CC. AA. alcanzan tal jornada el 28 de diciembre y las entidades locales agotan sus ingresos el 31 de diciembre, rozando el superávit. Sin embargo, sin transferencias del Estado, la caja de pensiones solo cubriría hasta el 3 de octubre, fecha que simboliza el verdadero Día de la Deuda de nuestra Seguridad Social. El Reloj de la Deuda 2025 sintetiza el ritmo del deterioro de las cuentas públicas. Con 60.000 millones de euros de emisión neta prevista, la deuda pública está creciendo a un ritmo equivalente a 164 millones al día, 6,8 millones por hora, 114.000 euros por minuto o 1.900 euros por segundo.
Hay margen de ahorro si se ejecutan medidas de eficiencia en el gasto, donde sería posible formular ajustes por valor de 60.000 millones anuales en caso de darse escenarios de mayor productividad y mejor gestión. No tiene sentido plantear que España siga sin recortar el peso de un Estado que acumula 19.834 entes y, solamente en 2024, repartió 41.493 millones en subvenciones. Las partidas de gasto deben estar sujetas a evaluaciones rigurosas que permitan ajustar dispendios innecesarios o improductivos.
La sostenibilidad de las cuentas públicas exige acometer una política de consolidación por el lado del gasto, basada en combinar la reforma de las pensiones con la contención de los intereses y la adopción de reglas de gasto creíbles (techo de gasto, presupuestos de base cero, supervisión independiente…) y auditorías profundas. Si no se producen estos cambios, la deuda pública seguirá actuando como un lastre para la economía española.
