El anuncio lo hizo durante su participación en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, donde la dirigente regional no escatimó en críticas hacia el ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusó de «destruir el Estado de Derecho para mantenerse en el poder» y de transformar todo «a la medida del poder absolutista que dirige España desde la Moncloa».
Ayuso no solo ha llevado el tema ante el Tribunal Constitucional, sino que también ha avanzado en su estrategia jurídica al solicitar la recusación de tres magistrados clave: Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Alega que su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, el partido que impulsó la ley, les descalifica para juzgar la constitucionalidad de la norma. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión en el escenario político y judicial, donde las acusaciones de parcialidad y politización del poder judicial han sido recurrentes en los últimos años. Madrid
El trasfondo del conflicto radica en la aprobación de la Ley de Amnistía, una medida que, según la presidenta madrileña, responde a las demandas de aquellos «que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña». Ayuso ha calificado la ley como «arbitraria y obscenamente inconstitucional», señalando que crea un estatuto privilegiado para dirigentes catalanes, lo que contraviene el principio de igualdad ante la ley recogido en la Constitución española.
