«¿Qué me quiere decir el Partido Popular? ¿Que saque el salario mínimo de este decreto? ¿Qué permitamos que desahucien a la gente trabajadora?. Es que quien tiene que rectificar, permítame que les diga, es el Partido Popular, que ha golpeado ayer a 10 millones de pensionistas en España», subrayó Díaz. «Nuestra posición política es que hay que volver a mandar el texto del decreto ley con el escudo social y defenderlo para que salga adelante», corroboró Bustinduy.
La vicepresidenta recordó que hace un año el PP ya votó contra el incremento de las pensiones y «en aquella ocasión la excusa era el palacete del PNV». Ahora, añadió, «la excusa que nos que nos dan es la okupación, que es falsa». A su modo de ver, «el problema que tenemos es que tenemos un Partido Popular que quiere desahuciar a la gente y quiere bajar las pensiones a los españoles», y pretende golpear al Gobierno, cuando la forma en que realmente le harían daño es «si fuera útil para la ciudadanía». Por el contrario, el PP «que está en manos de Aznar y de Ayuso se coloca extramuros y no va a llegar jamás a la Moncloa». «El Gobierno no va a rectificar en absoluto. Va a defender a la gente trabajadora de este país como está haciendo, y que la ciudadanía vea que hay dos modelos», adelantó Díaz. «Lo que tiene que hacer el Partido Popular es decirle a los españoles si va a votar o no para medidas tan importantes como la prórroga del salario mínimo».
Por su parte, Bustinduy también quiso subrayar que en la prohibición de desahucios «no estamos hablando de okupas, como están intentando decir», sino de «familias que tienen un contrato de alquiler y que, si no lo están pudiendo pagar, no es porque no quieran, es porque no pueden», y «tienen certificada una situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales».
En realidad, según pudo comprobar Servimedia, el decreto también impide desahuciar a residentes en un piso sin titularidad sobre el mismo ni situación de vulnerabilidad (los llamados okupas), sólo que en este caso sólo cuando el propietario sea un tenedor de más de 10 inmuebles. El ministro de Derechos Sociales, que en su día fue eurodiputado y secretario de Internacional de Podemos, también advirtió al PP y Junts de que la suya es una mala estrategia, pero, a diferencia de Díaz, lo hizo en comparación con otros países. En su opinión, el voto en contra de ambos es «por la presión de la ultraderecha, tanto la derecha española como la derecha catalana», «esto nunca sale bien», porque «en ningún país grande europeo los partidos de derecha tradicionales siguen por encima de la ultraderecha». «Se los están merendando», advirtió, añadiendo que «cuando esta gente envalentonada llega al poder, lo que sucede es lo que estamos viendo en Estados Unidos».
En la misma línea que Díaz y Bustinduy, pero desde una perspectiva andaluza, el coordinador federal de Izquierda Unida, Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta, tras reunirse con la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, preguntó «qué le van a decir los 25 diputados (andaluces) del Partido Popular que han votado en contra de la revalorización de las pensiones sus pensionistas andaluces» y «qué le van a decir a las 60 000 familias que están agobiadas porque pueden ser desahuciadas de sus viviendas».
