El anuncio, realizado durante unas jornadas de UGT sobre accidentes laborales, ocurre después de que ayer Sumar lograra sacar adelante la votación en el Congreso para la reforma de la indemnización por despido -pese al rechazo de Junts- debido al error en el voto de un diputado del PP.
La titular de Trabajo ha dado las gracias a las organizaciones sindicales UGT y CCOO por denunciar a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por vulnerar la Carta Social Europea con indemnizaciones por despido improcedente insuficientemente disuasorias ni reparadoras. En esto se basa la proposición no de ley de Sumar que recibió ayer el aval de la Cámara baja y que insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y hacer que éste sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.
El examen lo aprobó con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, José Luis Ábalos y Águeda Micó, del Grupo Mixto y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida, que se equivocó durante la votación. Con todo, Díaz ha asegurado que ayer «el pueblo habló» a través del Congreso por lo que en octubre procederá a convocar la primera mesa de diálogo con agentes sociales: «Seguimos ganando derechos en nuestro país».
Preguntada por el Real Decreto sobre el registro horario que quiere desarrollar tras caer el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, la ministra de Trabajo ha afirmado que la medida no generará «ningún problema» de protección de datos y ha pedido a la patronal buscar argumentos «más lúcidos e inteligentes» para combatir la «pieza clave» de la reducción de la jornada laboral, que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts: «La pieza clave de la reducción de la jornada laboral, lo saben muy bien los empleadores, no es la reducción de la jornada en sí, sino que es un mecanismo eficaz que verifique el control del registro horario», ha insistido. En esta línea, ha recordado que en España los datos personales de muchas personas están en manos de las empresas energéticas porque son datos «interoperables». «Las energéticas saben a través de nuestras vidas, y nadie en España está diciendo que las energéticas, con un enorme poder, están vulnerando la Ley de Protección de Datos».
