El borrador, en forma de anteproyecto de ley, ya había recibido la luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero tras lo que recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social (CES) que contaba con la firma de las patronales y los sindicatos. Casi dos meses después será enviado a la Cámara Baja para dar paso a la negociación parlamentaria, dado que la iniciativa de Sumar no tiene garantizado todavía que vaya a reunir los votos suficientes.
Días lo ha avanzado en la clausura del congreso de CCOO Industria donde ha pedido «convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento» para convencer a todos los grupos políticos. «No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos» ha sostenido después de meses en los que todo el cuerpo empresarial se ha movilizado para dejarle claro a Junts y PNV, socios habituales del Gobierno, que rechazan rotundamente que se modifique el tiempo de trabajo a través de una ley y no mediante la negociación colectiva.
La aprobación en Consejo de Ministros dará paso a un periodo de tramitación que suele durar de media cinco meses en el caso de los proyectos de ley (las iniciativas que parten del Gobierno) y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia. Los partidos tendrían 15 días para proponer cambios o enmiendas a la totalidad (dirigidas a frenar la tramitación). Si estas últimas no se presentan o se descartan la norma pasaría a estudiarse en la Comisión de Trabajo. Allí un grupo más reducido elaboraría un primer borrador con las enmiendas que apoye la mayoría, que después se somete a debate junto a los cambios que quedaron fuera, conocidos como «enmiendas vivas», lo que dará forma al dictamen que se somete a votación. Lo habitual es que este último debate tenga lugar en el Pleno en normas de este calado (aunque podría hacerse también en comisión) y sería entonces, si reúne los apoyos suficientes, cuando pasaría al Senado.
La Cámara Alta tiene dos meses para introducir cambios en la ley o presentar un veto, supuestos en los que el texto tendría que volver de nuevo al Congreso o, por el contrario, ratificar la norma que impulsó el Gobierno, lo que supondría su aprobación definitiva y publicación en el BOE. Este extenso proceso, que en el mejor de los casos llevaría unos tres meses (al margen de que en julio y agosto no haya sesiones) lleva a que los interlocutores sociales duden desde hace meses que se pueda aplicar en enero.
