Díaz ha lanzado un guiño a pequeños empresarios y autónomos este lunes, ante quienes ha reconocido que la reducción de jornada a 37,5 horas que quiere introducir el Gobierno impacta más a estos colectivos que a los grandes empresarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha aprovechado su intervención ante la asamblea de la patronal de los autónomos (ATA) para relanzar la idea de ayudar económicamente a las pequeñas empresas en su adaptación a una eventual reducción de jornada.
Hasta en tres ocasiones ha reconocido Díaz que el escenario es más complejo para las compañías de menor tamaño. «Sé muy bien que [el recorte horario] no impacta de la misma manera a un pequeño empresario, a un autónomo que a un gran empresario, y lo quiero reconocer aquí hoy», ha trasladado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Díaz ha añadido que, pese a ello, la decisión se ha adoptado desde la convicción de «mejorar en productividad» y de que era «lo que había que hacer».
La vicepresidenta segunda ha aprovechado la ocasión para relanzar el plan de ayudas a las empresas que llegó a plantear durante las negociaciones con la patronal, pero que finalmente no se incorporó al acuerdo firmado con sindicatos tras el rechazo de CEOE a la medida. Entre ellas, ayudas directas por una cuantía superior a 300 millones de euros para compensar el impacto a las pequeñas firmas «que es diferente a las grandes empresas», ha señalado Díaz.
La reducción de jornada, ha insistido la responsable de Trabajo, «va a mejorar la vida del trabajo en España, pero va a mejorar a las pequeñas empresas y va a ser eficiente económicamente». Díaz ha defendido que la medida incentivará el consumo al liberar tiempo libre y así contribuirá a «azuzar la demanda interna».
La que está llamada a ser la medida estrella de la cartera de Díaz en esta legislatura está a las puertas de iniciar su andadura parlamentaria. El texto está pendiente de ser aprobado en segunda vuelta en Consejo de Ministros, algo que se espera que suceda pronto. Después entrará en el Congreso de los Diputados, donde le espera un incierto proceso de tramitación en el que se asume que se producirán cambios respecto al texto original.
El Ejecutivo todavía no tiene garantizados los apoyos de todos sus socios parlamentarios. La gran incógnita es Junts, que todavía no ha rechazado su apoyo abiertamente a la medida, pero que escucha con atención a las patronales catalanas. Los empresarios han aprovechado esta vía para presionar y tratar de disuadir a Carles Puigdemont para que la medida no salga adelante.
La recuperación de las ayudas a pequeñas empresas, que podría introducirse en el texto durante la tramitación parlamentaria, busca atraer a las asociaciones empresariales, que se han mostrado muy beligerantes contra la medida.
