La decisión de Trabajo de tramitar de urgencia el nuevo registro horario responde a que el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, en la que se contemplaba la reforma del registro horario, fue rechazado en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox. La ministra cumple así su propósito de lanzar los trámites del nuevo registro horario al margen del proyecto de ley de rebaja de jornada. Desde Trabajo consideran que con un registro «eficaz» que permita a la Inspección de Trabajo hacer un control «masivo» y «cotidiano» a las empresas, la jornada efectiva de trabajo puede, incluso, bajar más de lo que se iba a lograr con la rebaja de jornada a 37,5 horas. El pasado 11 de septiembre, apenas unas horas después del ‘no’ en el Parlamento a la rebaja de la jornada laboral, el Ministerio sacó a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto para desarrollar el nuevo registro de jornada.
Díaz siempre ha dicho que, más que a reducir la jornada semanal a 37,5 horas, los empresarios temen la puesta en marcha de este nuevo sistema de control horario con el que se pretenden poner fin a las más de 2,6 millones de horas extraordinarias sin retribuir que se realizan en España cada semana. El periodo para realizar aportaciones al proyecto que Trabajo sacó a consulta pública previa se abrió el pasado 12 de septiembre y finalizó el pasado viernes, todo ello con el fin de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de la norma. Según han detallado fuentes del Ministerio, tras la consulta pública, se desarrollará el texto ya articulado con las alegaciones del trámite legal y se sacará a audiencia pública para informar a los ministerios competentes en la materia y a los órganos consultivos, que son el Consejo de Estado y seguramente la Agencia de Protección de Datos.
Tras ello, se deberá informar a los órganos colegiales –Comisión de Asuntos Económicos y Comisión de Secretarios de Estado– y, una vez la Comisión de Secretarios de Estado le dé el visto bueno, irá al Consejo de Ministros, donde se aprobará y enviará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) sin necesidad de convalidación en el Parlamento. Una vez se publique en el BOE, Trabajo tiene claro que la patronal impugnará la normativa en los tribunales al igual que ha hecho con «todos» los reglamentos, aunque desde el Departamento encabezado por Díaz aseguran que esta normativa tiene «base legal». «Claro que la CEOE dará batalla jurídica, porque siempre la dan para impedir reformas que ellos entienden que ponen en peligro algunas de la prerrogativas de los empresarios», han reconocido dichas fuentes.
Para Trabajo, CCOO y UGT, la reforma del registro horario es «clave» para atajar el «fraude masivo» de horas extraordinarias no pagadas, no cotizadas y no declaradas que se produce cada semana en España. El Ministerio defiende en el texto sometido a consulta pública previa que la existencia de un registro de jornada tiene por objeto proteger a los trabajadores, «no sólo en los aspectos retributivos de su relación laboral sino en su derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud». Dichas consideraciones, defiende, «han de hacerse, extensivas al derecho a la desconexión, sin cuya garantía se desprotegería igualmente al trabajador respecto de su derecho a no atender ni realizar trabajo fuera de su jornada y, en consecuencia, su derecho a la propia salud». «En definitiva, el Real Decreto proyectado pretende resolver las insuficiencias que la actual regulación del registro horario contiene y que lastran su eficacia sin impedir adecuadamente los incumplimientos normativos y los perniciosos excesos de jornada, tan graves para la salud de las personas trabajadoras y para la competencia leal entre las empresas», apunta Trabajo.
En concreto, detalla que con la aprobación de esta norma se pretende garantizar un sistema de registro de jornada «realmente eficaz», presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad y desarrollar las formas de ejercicio y control del derecho de desconexión. El reglamento a desarrollar del registro horario, explica Trabajo, deberá garantizar la realización personal y directa de los asientos por parte de los trabajadores, así como la identificación de las interrupciones. «Ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad», añade el Ministerio.
Además, se deberá registrar toda la jornada, aunque «cabe prever que se señale si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad, o si las horas son ordinarias o extraordinarias». «Esta calificación permitirá identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan», precisa. Al mismo tiempo, la norma ha de contemplar el control de las modificaciones de los asientos, pudiéndose incluir obligaciones específicas como la de que los representantes sindicales obtengan copias del registro con una cierta periodicidad, o que deban estar presentes para modificar el registro. «En algunos casos, de nuevo, podría requerir del acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo», apunta Trabajo, que también subraya que tendrá que ser de acceso inmediato, así como remoto en el caso de los registros electrónicos.
Asimismo, el Ministerio afirma que la norma deberá contemplar las formas de mantener los registros individuales a disposición de los trabajadores, los sindicatos y la Inspección. El Ministerio reconoce que el reglamento del nuevo registro no incluirá el incremento de las sanciones por incumplimientos en las horas trabajadas que sí contemplaba el proyecto de ley de rebaja de jornada, aunque no renuncia a poder actualizarlas de alguna manera. En concreto, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral contemplaba multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario. Sin embargo, según han asegurado fuentes de Trabajo, el incremento de las sanciones es una de las limitaciones que tendrá este desarrollo normativo al no haber prosperado el proyecto de ley.
