Los cálculos económicos apuntan a que esta medida supondría un incremento de más de 3.000 millones para las arcas públicas, si bien también acarreará perjuicios tanto a ciudadanos como a profesionales.
La líder de Sumar ha recalcado que es injusto que estas dos actividades económicas no tributen por el IVA. «Queremos que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital… También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados… Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0 %? ¿Es esto justo?», ha dicho durante una entrevista concedida a la Agencia EFE.
Aplicar de golpe un 21% a la sanidad privada acarreará una subida de costes que repercutirán en mayor o menor medida en el ciudadano. Durante la pandemia, la sanidad pública sufrió un colapso del que no solo no se ha recuperado, sino que en algunos casos ha empeorado, como en las listas de espera. Con una subida de costes en la privada es posible que miles ciudadanos que acuden a este servicio no puedan soportar el recargo y regresen a la sanidad pública, lo que implica una nueva sobrecarga en el sistema asistencia.
«El ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertirá a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendrá que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarán a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz», señala el presidente de la patronal sanitaria Aspe, Carlos Rus.
Por otro lado, más allá de los grandes operadores de la sanidad privada, este sector está compuesto por muchos profesionales autónomos que poseen pequeñas clínicas o consultas. Si el IVA pasa al 21% es probable que caigan los clientes y, con ello, algunos se vean abocados al cierre de sus negocios. «Aplicar el 21% de IVA a los servicios sanitarios privados significa gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios», apunta Rus. «Hay que regular para favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria. Es momento de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible», añade el directivo. «La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública»..
