La realidad es que la vicepresidenta por el cupo filocomunista del Gobierno, es la gran perdedora de todo este pequeño cambio ya que su enemistad con el cacereño viene siendo proverbial y constante.
Pero es que ahora, Cuerpo no solo es su superior jerárquico sino que además ejercer el poder que le ha otorgado Sánchez como jefe del área económica del Ejecutivo, que abarca nada menos que 15 ministerios. Todos los que forman parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos: Economía, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Exteriores, Transportes, Educación, Industria, Agricultura, Política Territorial, Ciencia, Derechos Sociales, Seguridad Social, Función Pública y Vivienda.
En este situación Trabajo elevará al Consejo de Ministros el polémico real decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada. Esto es, la norma con rango de reglamento –que, por tanto, no necesita ser convalidada en el Congreso– con la que su departamento quiere obligar a las empresas a disponer de un registro horario de sus empleados digital y al que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto.
El equipo de Díaz está revisando su articulado después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen demoledor en su contra, basándose en informes de los ministerios de Economía –Carlos Cuerpo– y de Función Pública –Óscar López–, así como de la Agencia Española de Protección de Datos. El máximo órgano consultivo del Estado advierte, entre otras cosas, que un cambio legislativo así no puede despacharse en un simple real decreto. Pero como su dictamen no es vinculante, desde Trabajo señalan que harán algunos cambios y lo elevarán igualmente.
El choque por tanto parece asegurado, si bien conocido el caractyer dialogante del vicepresidente es de esperar un entendimiento con Díaz. El nuevo número dos no se opone a endurecer al registro horario para computar las horas extra, pero no quiere abrir una batalla legal con las empresas, que después del dictamen del Consejo de Estado tienen muchas bazas a su favor. Sería suicida para el Ejecutivo. El número dos también considera que algo así no se puede imponer a las pymes, que son la mayoría del tejido empresarial español.
