Por ello, le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa. El fallo, que absuelve a Zaplana y al resto de acusado del delito de pertenencia a grupo criminal, dice que la conducta del que fuera presidente de la Generalitat valenciana fue “especialmente reprobable”.
La sentencia considera que Zaplana y su jefe de gabinete cobraron comisiones de las adjudicaciones en el proceso de privatización de las ITV y que ocultaron el dinero obtenido en fondos a nombre de un testaferro ubicado en Andorra y Luxemburgo del que era el “titular real o último beneficiario”.
Sin embargo, el tribunal entiende que no hubo un “acuerdo asociativo con una finalidad delictiva y un reparto de roles” por lo que los acusados han resultado absueltos del delito de integración en grupo criminal.
La sentencia absuelve al también expresidente valenciano José Luis Olivas por no haber quedado probado que los 580.000 euros que cobró de Sedesa (el grupo empresarial de la familia Cotino) tuviera que ver con la adjudicación de los parques eólicos. El fallo impone penas mínimas a la tanda de acusados que alcanzaron un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de reconocer los hechos. Se trata de Joaquín Miguel Barceló, que confesó ser el testaferro de Zaplana (un año y tres meses de prisión por blanqueo de capitales y multa de cinco millones de euros); el exjefe de gabinete Juan Francisco García (dos años y nueve meses por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo e inhabilitación por un delito de prevaricación durante cuatro años y cinco meses); y a los empresarios Vicente Cotino (tres años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, además de una multa de cuatro millones de euros) y su hermano José Cotino (dos años de prisión por un delito de cohecho y una multa de 320.000 euros).
El contable de la trama, Francisco Grau, ha recibió una condena de cinco años de prisión por blanqueo de capitales, una multa de 20 millones de euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante tres años. Al empresario Francisco Pérez López le han condenado a un año y medio de prisión por un delito de falsedad. Han quedado absueltos el abogado Saturnino Suanzes, los empresarios Robert-Edgar Batauche Pérez y Carlos Gutiérrez Nomdedeu; y la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, por no ser conocedora del “origen ilícito del dinero en efectivo del que hacía entrega” su jefe.
