El pacto, validado por la Comisión Europea como parte de las concesiones impuestas para la aprobación de la ‘joint venture’, incluye este veto para la operadora rumana, que hoy ejerce ya como cuarto operador de telecomunicaciones en España. Además deberá decidir durante el próximo año y medio si se mantiene con Telefónica como proveedor de su acuerdo de red móvil o ejerce su opción para ‘mudarse’ a la infraestructura de Orange. El lanzamiento comercial tras esta migración no podría ser más tarde de 2026.
El acuerdo aprobado formalmente hace semanas implicaba la transferencia de los derechos de tres bloques de frecuencias, que a la postre son las ‘autopistas’ sobre las que se construyen las redes móviles: 20 megahercios en la banda de 1.800 MhZ; 20 en la de 2.100 Mhz, y otros 20 en la de 3.500. El precio abonado por Digi era de 120 millones de euros, de los cuales 20 millones estaban sujetos a a la extensión de la duración de esas concesiones -que debe aprobarla el Gobierno-. Pero estos activos tienen ‘letra pequeña’ en su explotación. Según ha confirmado Masorange a las entidades financieras que participan en la operación de deuda del grupo en la presentación fechada este mes de abril, el uso efectivo de esos bloques de espectro radioeléctrico debe hacerse no más tarde del ejercicio 2025. Y el grupo cotizado y dirigido en España por Varzaru no podrá desprenderse del mismo a través de una venta durante los próximos diez años. A esto hay que sumar la inversión en despliegue «para poder usarlos».
De esos bloques de espectro, quizá el más relevante es el de la banda de 3,5 Ghz que es una de las prioritarias para el despliegue de las redes ultrarrápidas 5G. Hoy por hoy, el cuarto operador -enfocado en el mercado del ‘bajo coste’- tiene un modelo de operador móvil virtual para el cual tiene suscrito un acuerdo de ‘roaming’ para explotar la red de Telefónica. Es decir, básicamente ofrece su conectividad de 4G y 5G principalmente a través de la infraestructura del dueño de Movistar.
Para vigilar el cumplimiento de todas estas transacciones y las cláusulas del acuerdo de concesiones, la Comisión Europea anunció el nombramiento de un responsable que los monitorizará continuamente. El pasado 26 de marzo Bruselas designó formalmente a Antoni Vassileff, socio del bufete especializado en cumplimiento y regulación Advolis Orfis, para esta tarea.
