En ese contexto, Fedea ha pùblicado una nota de A. de la Fuente en la que se resume el contenido del anuncio y se ofrece una valoración provisional del mismo, poniéndolo en el contexto del proceso de (intento de) reforma que se inició con el acuerdo con ERC para promover un sistema de financiación “singular” para Cataluña. Con este fin, el contenido del anuncio se compara con la propuesta original acordada con Esquerra y con el Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado (CBGE) publicado el pasado mes de julio.
La comparación de los tres textos sugiere que, a la vista de la negativa reacción a la propuesta de financiación singular y temiendo su posible coste electoral, el Gobierno ha optado por ralentizar el proceso y parece dispuesto a diluir el acuerdo original, aunque sin renunciar a introducir elementos de singularidad por concretar o a la cesión de competencias sustanciales de gestión tributaria. Este cambio de rumbo se aprecia ya con claridad en el Acuerdo de la CBGE y se confirma en las recientes declaraciones de la ministra Montero.
Las diferencias entre los distintos textos son notables, aunque sin llegar a la contradicción abierta. El primer acuerdo parte de la enorme insatisfacción de ERC con la financiación actual de Cataluña, aparentemente compartida sin reservas por el PSC, y propone como solución una reforma radical de la financiación de la Generalitat que comportaría el reconocimiento de su soberanía fiscal y un aumento sustancial de sus recursos. Esto se conseguiría mediante una cesión gradual de todos los tributos estatales, que pasarían a ser gestionados por una Agencia Tributaria Catalana independiente que iría asumiendo las competencias y los medios personales y materiales de la AEAT en la comunidad, y mediante una reducción de la aportación de Cataluña a la caja común. Esta aportación tendría dos componentes, uno que financiaría los costes de los servicios que siga prestando el Estado, y una cuota de solidaridad que ayudaría a complementar la financiación de las comunidades de menor renta, sin que ello pueda comportar la r
En contra de lo esperado, el Acuerdo de la CBGE no sólo no concreta el texto anterior, sino que parece cuestionar, al omitirlos, algunos de sus elementos centrales. Así, sigue sin decirse nada sobre el cálculo de las aportaciones al Estado y desaparecen las quejas sobre el maltrato fiscal, la cesión del 100% de los impuestos estatales y el reconocimiento de la soberanía fiscal catalana en favor de una motivación mucho más neutra sobre la necesidad de renovar el SFA tras diez años de retraso y un esbozo de un sistema compartido de gestión tributaria que sería generalizable a otras comunidades. La misma tónica se mantiene en el anuncio de la ministra, donde se pone el acento en la aplicabilidad general del modelo y en que la gestión tributaria en red no irá en detrimento de la AEAT.
Esta última fuente avanza también algunos aspectos importantes de la propuesta que el Gobierno está ultimando. En particular, se anuncia un incremento sustancial de los recursos de todas las CCAA que se realizará, al menos en parte, a través de un aumento en el porcentaje de cesión de alguno de los grandes tributos compartidos. El reparto de los recursos adicionales, por otra parte, deberá comportar una reducción de las amplias diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que ahora existen entre territorios. Finalmente, se anuncia también un aumento de la capacidad normativa de las autonomías en materia tributaria, aunque posiblemente con nuevas restricciones a su ejercicio a la baja.
Aunque la valoración definitiva de la propuesta deberá esperar hasta que se conozcan sus detalles, cabe apuntar ya algunas consideraciones. En el lado positivo del balance, la revisión del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones puede tener efectos positivos desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la autonomía y responsabilidad fiscal. Más importante aún es el compromiso de avanzar hacia un reparto más equitativo de recursos, reduciendo las importantes diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que constituyen uno de los mayores problemas del SFA, si bien aquí se echa en falta alguna indicación de esto debería extenderse también a las comunidades forales.
El listado de aspectos negativos es algo más largo. La primera preocupación es que buena parte del daño derivado del acuerdo con ERC ya está hecho y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo de los últimos meses. El PSC y el PSOE han comprado el relato del maltrato fiscal, legitimando así las reivindicaciones nacionalistas de soberanía fiscal. Es probable que ese objetivo no se pueda alcanzar ahora por falta de apoyos suficientes, pero ahí queda la factura firmada, que se volverá a presentar a cobro cuando las circunstancias sean más favorables. Mientras tanto, servirá para alimentar el victimismo nacionalista al previsible grito de “nos han vuelto a engañar,” sin que por ello los demás podamos dar por conjurado el peligro de deriva confederal.
Una fuente esencial de continuada intranquilidad en este sentido es la insistencia en avanzar hacia un sistema a la carta de gestión tributaria “en red” que, incluso en la versión suavizada y maquillada de los dos últimos documentos, podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria. Aún si este peligro pudiera conjurarse, la propuesta comportaría inevitablemente mayores costes y grandes pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual AEAT entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior, que afrontarían serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí. Lo de la “voluntad de autogobierno”, por otra parte, es un argumento extremadamente endeble para justificar el desmantelamiento incluso parcial de la actual AEAT, pues lo importante a efectos del autogobierno es que las comunidades tengan recursos fiscales propios.
Por último, el anuncio de la ministra revela su escaso respeto por la autonomía de ingreso de las CCAA, al menos si se orienta a la baja, y apunta a una elevada inyección al SFA de recursos adicionales que habrá que ver cómo se financia. De mantenerse la tradición, además, esta inyección no comportará coste político alguno para las comunidades y agravará, por tanto, los serios problemas de ausencia de incentivos para mantener una cierta disciplina fiscal que el sistema ya sufre.
En conclusión, por lo visto hasta el momento no está claro que lo que el Gobierno está cocinando pueda ser un punto de partida válido para una reforma del SFA consistente con el interés general del conjunto del país. Habrá que esperar algunas semanas para comprobarlo, pero, en cualquier caso, convendría ir pensando en buscar una vía alternativa a la que proponen ERC y el PSC, que tenga en cuenta la parte razonable de sus reivindicaciones sin comprometer el principio de solidaridad o la autonomía de la Administración Central. Para avanzar en esta vía, sería muy buena cosa que los dos grandes partidos aparcasen un ratito su incesante trifulca y se pusieran a negociar seriamente pensando en el bien común.
