Un informe de la EBA subraya que los controles internos de las instituciones de pago para combatir estos fenómenos son «por lo general, insuficientes», a pesar los «altos riesgos inherentes» a los que se expone el sector. La EBA reconoce que los propios organismos de supervisión no siempre afinan los criterios para combatir el blanqueo y el terrorismo a la hora de analizar a una entidad. Y que existe una disparidad de prácticas supervisoras, que «varían considerablemente» e incentivan que las redes criminales se instalen en Estados miembro con una legislación y control laxos para, desde ahí, extender sus operaciones a otros países.
La EBA alerta de riesgos que han surgido «recientemente», como los IBAN virtuales y las marcas propias (‘white labelling’), y también de la inexistencia de un criterio común a nivel europeo sobre el papel de los agentes de red (‘agent network’) en la supervisión, lo cual acarrea, igualmente, un «riesgo inherente» que facilita el fraude y la financiación del terrorismo.
Entre las soluciones identificadas a estos problemas, la EBA recomienda reforzar la legislación y los procesos de notificación una vez se detecte una infracción, así como la creación de un procedimiento de objeción «claro y coherente» en cuanto al fenómeno ‘passporting’.
