Conscientes de la «urgencia» del pacto, que se comprometieron a alcanzar antes de final de año para que las nuevas normas sean aplicables a partir de 2024, fuentes diplomáticas han asegurado que los Veintisiete trabajan centrados en establecer un buen conjunto de normas, pero apuntan a la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de noviembre como una fecha «más realista». La aspiración de la vicepresidenta Calviño, era poder presentar una primera propuesta de acuerdo en el encuentro de mañana, pero, aunque el resto de países comparten esa necesidad de alcanzarlo cuanto antes, también han recordado que esta será la primera vez que los ministros puedan debatir sus posturas a nivel político, ya que hasta ahora se los avances se han dado en los aspectos técnicos.
«Es una tarea ingente», han incidido esas fuentes que se remiten también a futuras reuniones para resolver los flecos del acuerdo, mientras piden que Luxemburgo se centre en el debate sobre las posibles zonas de aterrizaje y el abordaje de cuestiones todavía «controvertidas», como los parámetros comunes y las salvaguardias, principales escollos de la negociación.
Estos elementos son los que complican ahora la reforma de unas normas fiscales que, tras cuatro años congeladas por la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, volverán a exigir una reducción del déficit público por debajo del 3% del PIB y una deuda pública por debajo del 60%, aunque con sendas de gasto por país y más flexibilidades nacionales. Los Veintisiete coinciden en la necesidad de que el sistema actual «ya no funciona», pero en el diseño de esas nuevas reglas han aflorado también las diferencias nacionales y mientras Alemania defiende unas salvaguardas reforzadas, otros como Francia o Italia prefieren mantener un enfoque diferenciado por países y basado en riesgos.
En este sentido, algunas delegaciones consideran que las discusiones franco-alemanas serán «críticas» para el resultado final, aunque ambos representan la situación general de sendos grupos de países del norte y del sur.
En medio del debate europeo, el Gobierno español -bajo la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que ostenta el país en el segundo semestre- está jugando el papel de árbitro entre las dos potencias. En este contexto, a Francia le interesa que España adopte una actitud más proclive a la nuclear como ‘conditio sine qua non’ para apoyar la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Calviño, al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con el fin de romper el bloqueo, Ribera ha enviado a sus socios un nuevo borrador. El texto, adelantado por el medio francés Contexte recoge como principal novedad la supresión de la posibilidad de que los Estados miembros implanten los denominados contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés) para las centrales eléctricas ya existentes, una de las exigencias del Alemania (respaldada por otros ocho países del norte). En el anterior documento entraban las plantas que ya están operativas bajo el principio de “proporcionalidad” y ahora se limitan a «nuevas instalaciones de bajas emisiones y generación de electricidad no fósil».
El Parlamento Europeo ya ha hecho los deberes y ha pactado una reforma que finalmente no recoge el límite máximo a los ingresos de los productores (‘revenue cap’) como pedía la propia Ribera. Ahora, el Consejo tiene que adoptar una posición común (‘general approach’) para poder negociar la reforma eléctrica en trílogo con la Eurocámara. En los trílogos, el ponente (el español González Casares) en nombre del Parlamento y la presidencia de turno (en este caso España) en nombre del Consejo, negocian sobre el texto legislativo para llegar a un terreno común con la Comisión Europea ejerciendo como árbitro.
