Estos expertos coinciden en la necesidad de mejorar las políticas activas de empleo y los sistemas públicos de colocación, unificando las ofertas del SEPE nacional y los Servicios de Empleo Autonómicos, al objeto de favorecer la movilidad territorial y crear condiciones para un mercado laboral único que contribuya a reducir la disparidad de participación y paro entre CCAA. En este sentido, Mas y Salas subrayan la importancia de impulsar la formación y la recualificación profesional teniendo en cuenta las necesidades del tejido productivo. Los economistas también consideran que España debería potenciar cadenas de suministro más sólidas, fuentes de abastecimiento y mercados de exportación más diversificados, así como fomentar la investigación y la base industrial en semiconductores avanzados, computación cuántica, biotecnología, energía limpia y materias primas, y otros elementos críticos incluidos en los programa ligados al Next Generation EU.
En cuanto al déficit público, Matilde Mas y Vicente Salas se alinean con las recomendaciones de la Comisión Europea, en el sentido de limitar el aumento del gasto público primario y financiado con fondos nacionales al 2,6% como máximo en 2024, recortando los gastos por actos administrativos y de gestión, pero aumentando las inversiones en I+D+i e intangibles (conocimiento, capacidad organizativa, calidad gerencial, formación de los trabajadores…).
Además, revisar la concesión de ayudas para que sean temporales y selectivas, de forma que lleguen a quien de verdad las necesite.
Por el lado de los ingresos, ambos economistas consideran que habría que revisar en profundidad del sistema fiscal español con medidas que tiendan a homogeneizar los tipos impositivos de los impuestos indirectos e introduciendo impuestos medioambientales, en línea con los objetivos de sostenibilidad.
Mas considera necesaria una “revisión en profundidad del sistema fiscal español”. Vicente Salas cree que “habría que tender a homogeneizar los tipos impositivos de los impuestos indirectos e introducir impuestos medioambientales”. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, avisa que “más pronto que tarde el Gobierno tendrá que abordar un proceso de consolidación fiscal”, y recuerda que el Libro Blanco de la reforma fiscal –que elaboró un Comité de expertos por encargo del Gobierno– “lleva año y medio aparcado en un cajón”.
«Dado que algunos impuestos están cedidos total o parcialmente a las CCAA, antes de abordar esta reforma habría que deshacer el nudo gordiano de la financiación autonómica, una cuestión clave que ha de resolverse de una vez por todas”, argumenta Pich.
El presidente del Consejo General de Economistas cree que “la unificación de las políticas activas de empleo podría ser una de las medidas a tener en cuenta al objeto de evitar que nuestros jóvenes tengan que salir fuera de nuestras fronteras a buscar empleo, evitando así la fuga de talentos”.
