Estos mecanismo están lejos de ser transferencias a fondo perdido, y exigen un compromiso de pago futuro por parte de los afectados que se acojan a alguno de los dos protocolos.
La mayor parte del importe –un máximo de 5.000 millones de euros- corresponden a la línea de avales gestionados por el ICO por un importe del 80% de la financiación otorgada, dirigidos a la reparación de viviendas y negocios de empresas, autónomos y hogares de los 32 municipios golpeados por la catástrofe desatada el pasado 29 de octubre. La financiación transita a través de dos vías: una exclusiva para las familias y comunidades de propietarios, y otra destinada a anticipar indemnizaciones y apoyar la recuperación del tejido empresarial. Las entidades financieras comenzaron a adherirse a las líneas ayer.
En concreto, el ICO proyecta –por primera vez- préstamos para hogares, cuyo importe máximo será la suma de la indemnización solicitada al Consorcio de Compensación de Seguros, y del importe esperado de las ayudas solicitadas. El plazo de las operaciones será de cinco años y no se podrán aplicar comisiones por parte de los bancos. El objetivo del Ejecutivo es que el coste de la financiación sea «lo más ajustado posible». Esta línea de avales es extensible a los autónomos y empresas con domicilio social en alguno de los municipios golpeados por la DANA.
Por otro lado, los préstamos apuntan directamente a transportistas u otros profesionales que, no teniendo sede en la zona afectada, sufrieron daños durante el desarrollo de su actividad en cualquiera de estas localidades. El importe máximo de financiación en este caso es de 12,5 millones de euros por empresa y los plazos de amortización serán de 5 años para capital circulante, y 7 para inversión, llegando hasta los 10 años en el caso de empresas del sector agrícola. Las operaciones contarán con un período de carencia de 12 meses, con la intención de aliviar la carga financiera durante el primer año. Este plazo podrá ampliarse otros 12 meses más si el proyecto de inversión lo requiere. Según los cálculos del Gobierno, unas 32.000 empresas, 150.000 hogares y 535.000 personas podrán verse beneficiados por esta medida. «El aval será tramitado por las entidades financieras a través del esquema de colaboración público-privada, desplegado con éxito en la pandemia, para llegar hasta el último rincón de las zonas afectadas», dijo el presidente del ICO, Manuel Illueca, desde La Moncloa el pasado jueves. A ellos, se añade una línea adicional de créditos ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos, que hayan visto sus explotaciones dañadas o arruinadas por la riada.
Además, Moncloa extiende un catálogo de beneficios fiscales, dos de ellos en forma de aplazamientos hasta 2025 -sin intereses- de los pagos previstos en la fecha del desastre. Hacienda suspendió –desde el 5 de noviembre- el cobro del segundo pago de la declaración de los 200.000 contribuyentes afectados por la DANA que optaron por abonar sus obligaciones en dos plazos. «En el caso de que se efectúe el cobro, se devolverá de manera inmediata», afirman fuentes de Hacienda. La orden de suspensión o devolución de los pagos fue trasladada a los bancos el 6 de noviembre. El impacto económico de esta medida se estima en 315 millones. El paraguas fiscal se extiende también sobre autónomos o empresas, que cuentan ya con un periodo de gracia, hasta el 30 de enero, para presentar cualquiera de los trámites o procedimientos tributarios con vencimiento a partir del pasado 28 de octubre. El valor estimado de la medida asciende a 300 millones.
Sin embargo, el grueso del escudo fiscal levantado por los de María Jesús Montero, se articula a través de exenciones o rebajas. Se cancela el cobro del canon de residuos y del IBI de naturaleza rústica del ejercicio 2024 para agricultores y ganaderos que tengan pérdidas; y reducen -un 25%- la tributación por módulos de los autónomos, y las cuotas devengadas en el régimen simplificado de IVA. Con ello, se garantiza un ahorro de 400 y 92 euros para 22.600 contribuyentes y 4.900 autónomos.
La moratoria también alcanza a las obligaciones crediticias de los afectados. Se extiende el código buenas prácticas hipotecario -aprobado en 2022 tras un acuerdo con la banca- para que los hogares golpeados puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales una vez pasados los 12 meses iniciales recogidos en el anterior real decreto. A modo de ejemplo, una hipoteca media de120.000 euros, con una cuota mensual de 600 euros; pasará a pagar a cero euros en los próximos meses, y 300 euros durante nueve meses adicionales, además, una vez pasado este periodo, si existe riesgo de vulnerabilidad, el beneficiario solo pagará 300 euros durante los 12 meses siguientes. También se han movilizado 25 millones para la construcción de viviendas sobre suelo público, y se han comenzado a ofrecer inmuebles en poder de la Sareb, para realojar a todos aquellos que hayan perdido sus casas.
El resto del plan, desarrolla un amplio sistema de ayudas de casi 1.900 millones, y que se extiende de manera universal, y por todos hogares, trabajadores, empresas, industria y ayuntamientos afectados. Las principales dan cobijo a toda la población damnificada. En concreto, el Gobierno ya ha comenzado a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas, 10.300 euros para cambiar o reparar muebles dañados por la DANA, o 37.000 euros por comunidad de vecinos, y que serán dirigidos a reparar zonas comunes tales como portales o ascensores. El pasado lunes, el Consejo de Ministros aprobó anticipar el 50% de toda la ayuda, de modo que solicitante no tengan que esperar mientras se tramita su expediente.
La red de auxilio se extiende también por empresas y autónomos, desplegando entre 10.000 y 150.000 euros por empresa en función de su volumen de operaciones. «Para recibirlas bastará con indicar el número de cuenta y empezarán a cobrarse en menos de 30 días», detalló Sánchez hace días. Unos 75.000 autónomos y 30.000 empresas -en especial pymes- se están viendo beneficiados. Se suma -además- un plan de ayudas de 200 millones para explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan acometer la próxima temporada o hayan sufrido pérdidas superiores al 40%.
El plan reserva -además- un apartado de protección a los trabajadores. Recupera los ERTE forzosos a los que -hasta el viernes- se han suscrito unos 16.000 personas y 1.178 empresas; asimila la prestación de incapacidad temporal a la de los accidentes de trabajo, eliminando así el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella; despliega una nueva prestación extraordinaria para los autónomos que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de una prestación extraordinaria por cese parcial, o contempla permisos retribuidos y que el trabajador no tendrá que recuperar, pero que recae sobre los hombros de la empresa.
Por último, destaca el apartado de las inversiones proyectadas para limpiar, reparar y reconstruir las infraestructuras y zonas afectadas. Moncloa destinará 500 millones para financiar un plan de acción contra el lodo que está en muchas calles e infraestructuras de las zonas afectadas, y un programa para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío de 175 millones de euros que será ejecutado por TRAGSA.
Se suman otras ayudas como una partida de 45 millones de euros para la restauración patrimonial de la albufera, y otros 2 millones en ayudas directas para actividad cultural: cines librerías, etc.