Sin embargo, solo el 13% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura, de acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial.
El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de la recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de recobro, como parte de la relación comercial. El 36% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso.
Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El 58% de las empresas no los aplica nunca y solo el 6% es sistemático a la hora de ejercer su derecho. Hasta 2022, los tipos de interés de demora para operaciones comerciales estuvieron fijados en el 8%. El endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo provocó que se incrementasen hasta el máximo del 12,5% en 2024. En la actualidad, este tipo está fijado en el 11,15%. La variación de este indicador oficial no tiene, sin embargo, traslación a la economía real: según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, el 98% de las empresas que aplican intereses de demora reclaman por debajo de los que le corresponden legalmente.
El estudio aborda las metodologías de gestión del recobro utilizadas por las empresas. La efectividad de la externalización del recobro B2B se concentra en los despachos de abogados (26% de las empresas), seguida de las empresas de recobro integral (8,5%). Los usos del arbitraje (3,8%), el recobro telefónico (3,2%) o los personajes caracterizados (0,6%) son muy reducidos.
