En marzo de 2020, coincidiendo con la declaración de la pandemia, las medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de la actividad productiva, los plazos de pago mostraron el peor comportamiento de toda la serie histórica del Estudio.
De acuerdo con el trabajo de campo, en el que han participado cerca de 800 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, un 11% del tejido productivo trabaja por encima de los 90 días, un valor similar a 2019. El 51% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, dos puntos por encima de los niveles de 2019.
El 73% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor entre las pymes y la gran empresa. Solo el 9% de las empresas tiene que aceptar una extensión indeseada de los plazos de pago por parte de la Administración, un porcentaje sensiblemente inferior al registrado en la crisis de 2008. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago también se reduce al 17%. En el caso de la pyme y la gran empresa este valor alcanza el 42% y el 43%, respectivamente. Tanto los autónomos como las pequeñas, medianas y grandes empresas registran peores cifras que en 2022, lo que implica un empeoramiento de su comportamiento como clientes y una mayor necesidad de imponer plazos amplios a sus proveedores.
La pandemia, correspondiente a las oleadas de 2020 y 2021, mostró un cambio en el comportamiento de los dos principales segmentos empresariales en los que se apoya la economía española. En el caso de las pymes se observó un claro incremento de su imposición de plazos de pago más largos, un síntoma del intento de diluir a través la cadena de valor sus problemas de tesorería. Por contra, las oleadas reflejaron entre las grandes empresas, especialmente en 2021, una estrategia de protección de la salud financiera de sus proveedores.
Un 59% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, doce puntos porcentuales más que hace un año. Esta falta de liquidez vuelve a ser la razón más citada para explicar la morosidad empresarial, por delante del retraso intencionado (51%), la complejidad del procedimiento de pagos (16%), la emisión de facturas incorrectas (8%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%).
