Recordemos que las Naciones Unidas definen el agua como un derecho humano que debe ser suficiente, seguro, aceptable, asequible y accesible. En un mundo en el que se producen acontecimientos climatológicos extremos (sequías, fuegos o inundaciones) cada vez con mayor frecuencia, provocando alteraciones importantes sobre los recursos hídricos, la gestión del ciclo del agua debería convertirse en una prioridad para todas las naciones. Y más importante si cabe en los países emergentes, ya que diversos organismos como el Banco Mundial o la Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que ante el suceso de eventos climatológicos extremos, el impacto en los países emergentes es entre 10 y 30 veces superior al que se produce en un país desarrollado.
Volviendo a la situación creada por las lluvias torrenciales de las últimas semanas, podrían calificarla como de ridícula (inundaciones en unas regiones y sequía en otras) muchos millones de personas en el mundo, y es que en el año 2025 más de un 25% de la población mundial no tiene acceso diario a agua corriente, es decir, más de dos mil millones de personas no tienen un grifo en su vivienda, y peor aún, más del 40% de la población no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento (un cuarto de baño). Además, este problema se está agravando por un doble factor común en los países emergentes, por un lado, se está produciendo crecimiento demográfico, y por otro, el traslado de la población desde el campo a las grandes ciudades, las cuales no están preparadas para proporcionar unos servicios mínimos a la población debido a su limitada capacidad para invertir en infraestructuras básicas.
Para poder solucionar los problemas relacionados con el agua, especialmente en los países emergentes, sería imprescindible desarrollar las infraestructuras necesarias para el almacenamiento, distribución, recuperación y tratamiento del agua, y para poder lograrlo serían necesarias inversiones que superen anualmente el trillón de dólares hasta el año 2030, cuando se estima se habría logrado cubrir las necesidades básicas de la población. Para ser más concretos, según la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, para poder abordar todos los retos en materia de agua, serían necesarias inversiones mínimas por importe de 6,9 trillones de dólares hasta el año 2030 para poder garantizar que la infraestructura desarrollada sea compatible con los objetivos del acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas. El principal obstáculo para poder alcanzar el objetivo es la falta de capacidad de inversión ya que en estos momentos se está realizando menos de un tercio de la inversión mínima necesaria.
El panorama se complica aún más para las regiones más vulnerables debido a que junto a sus propias necesidades, los países desarrollados necesitan urgentemente modernizar su propia infraestructura del agua. Y es que la característica común en Estados Unidos y Europa es que cuentan con una infraestructura hídrica muy antigua, a la que se le ha dedicado muy poca inversión y un pobre mantenimiento en las últimas décadas, pero la situación está empezando a cambiar y muchos gobiernos están empezando a incluir entre sus prioridades la renovación de la infraestructura actual. Una muestra representativa de esa necesidad de modernización es que entre el 25% y el 30% del volumen de agua gestionado en los países desarrollados desaparece a lo largo de las diversas fases del ciclo, desde la acumulación inicial hasta el usuario final, consecuencia entre otras cosas de la degradación de unos materiales y la obsolescencia de otros como son las tuberías o las válvulas. La realidad del sector hace aún más llamativo es el hecho de que el sector de las infraestructuras del agua reciba menos del 1% del total de las inversiones relacionadas con la resiliencia climática, siendo más destacable todavía el dato que revela el Banco Mundial, y es que desde el año 2009 y hasta el año 2020, del importe presupuestado por los gobiernos desarrollados destinado a proyectos relacionados con el agua, un 28% del total no fue ejecutado.
La consecuencia directa de esa necesidad de renovar las infraestructuras en los países desarrollados es que van a competir por el capital disponible en el mercado (recurso limitado) para la financiación de proyectos similares, pero con la ventaja de un entorno económico y regulatorio que proporciona una mayor seguridad al inversor. Es por ello por lo que todos aquellos inversores que no solo buscan un retorno económico a su capital, sino que apuestan por ayudar a generar una oportunidad de futuro para las personas que viven en regiones especialmente más desfavorecidas, deberían participar en estos proyectos.
Pero lo que resulta más importante y por lo que hay que poner en valor las inversiones en infraestructuras en países emergentes, es que los proyectos de inversión en infraestructuras relacionados con el agua y los saneamientos generan de media cuatro euros de retorno por cada euro invertido, sin tener en cuenta los beneficios medioambientales y sociales que producen. Se mejora notablemente la salud de la población (los niños que no tienen acceso a agua corriente sufren un 37% más de infecciones diarreicas), se incrementa la productividad, se crea una oportunidad educativa y de igualdad de género (muchas niñas no acuden a la escuela para realizar caminatas de horas al día para llevar agua hasta sus casas), mejora el empleo y la calidad de vida en la comunidad. Además, desde otro enfoque económico, también se reducirían muy notablemente las pérdidas anuales que están estimadas entre 3 y 6 billones de dólares como consecuencia de los gastos sanitarios directos y de los ingresos que no son generados por la falta de agua de calidad.
