En términos generales, la instalación fotovoltaica sigue creciendo y creando más empleos y riqueza, pero el sector ha cargado contra los impuestos y moratorias que ya han fijado cinco comunidades y detrás de los que la UNEF acusa que existen intereses ocultos, de bodegueros o de macrogranjas, que van más allá del paisajismo o la preocupación de las comunidades locales.
En cuanto al autoconsumo, la UNEF constata una caída del 32% en 2023, especialmente acusada en el sector residencial, aunque también descendió el ritmo de instalación en los sectores comercial e industrial, que también al calor de las ayudas europeas buscaron en la generación propia de electricidad de fuente fotovoltaica una vía de escape a los elevados precios de la luz en 2021 y 2022. Con todo, el dato de 2023 es superior al de 2021, cuando se instalaron 1.203 megavatios de autoconsumo y el acumulado es de 6.955 MW, lejos todavía del objetico de 19.0000 que ha fijado el Gobierno para 2030. En el primer trimestre de 2024 se mantuvo plana la sentencia, pero la UNEF observa que «volvió a repuntar» entre abril y junio, aunque todavía hay que ver si se confirma esta tendencia.
Dado que las ayudas masivas de los últimos años no volverán, la UNEF pide desgravaciones fiscales como ya existen en Francia o Italia. «Si queremos conseguir el objetivo, hay que estimularlo. No con subvenciones pero sí con desgravaciones fiscales», ha apuntado el director general de UNEF, Donoso, durante la presentación del informe. Según ha explicado, son varios los motivos para que el año pasado muchos menos hogares se plantearan poner placas solares tiene que ver diversos factores, como el fin de la crisis energética y de las ayudas o los ahorros que reunieron las familias durante la Covid. «Estaba claro que 2022 era un año pico por los precios de la electricidad, la gente tenía la psicosis de invertir y había muchos fondos», explica Donoso, a lo que se sumó que «la gente había ahorrado por la Covid».
En estos momentos, la UNEF observa otras circunstancias que podrían volver a animar a hogares y negocios a instalar placas solares. El primero, advierte Donoso, es que «los precios [de la electricidad] siguen siendo altos, 80 o 90 euros MWh», aunque se lamenta de que ahora «los titulares» no son eso, sino que «el precio [de la luz] es cero». Por otra parte, la UNEF cree que la bajada de la inflación y de los tipos de interés vuelvan a aumentar la renta disponible de los hogares y que puedan volver a optar por el autoconsumo.
Los casi 7.000 megavatios (MW) de autoconsumo que hay instalados en estos momentos en España son solo una pequeña parte de un sector que, según Donoso, está «en su mejor momento». En 2023, la huella económica general del sector fotovoltaico sobre la economía española creció un 4% con respecto a 2022, y pasó de 17.378 millones de euros a 10.815.
Según las cifras sobre el impacto en la economía recabadas por la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha Ángeles Tobarra para el informe de la UNEF, el sector aportó 12.389 millones -1,2% del total- al PIB nacional, un 4% más que en 2022 y también creció por lo que se refiere a los empleos. El año pasado, trabajan de forma directa o indirecta en el sector fotovoltaico 162.396 personas, 5.000 más que en 2022. Según la UNEF, son también mayores las inversiones en I+D, un triple que la media nacional, con 610 millones en 2023.
En un momento en que se habla tanto de la competitividad industrial, las exportaciones desde España a otros países de componentes para fotovoltaica, como conversores, crecieron un 10%, hasta los 4.082 millones, un 6% más que en 2022.
Sin embargo, la UNEF también ve nubarrones en el horizonte y este miércoles ha incidido especialmente en lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, donde está calando el mensaje de que «poner barreras» a la fotovoltaica «no solo no quita voto sino que se los da».
Donoso ha cargado contra los impuestos y moratorias de distinto tipo a las plantas fotovoltaicas y otras instalaciones renovables que ya han implantado hasta seis comunidades, Castilla y León, Aragón, La Rioja, País Vasco, Canarias y Asturias. De momento, está dando «una oportunidad» a los nuevos gobiernos de Cataluña (que solo tiene 327 MW de los 26.147 que hay instalados en toda España) y Comunitat Valenciana (456MW) -del PSC y del PP respectivamente- porque confía en que reviertan una tendencia más restrictivas con la energía solar de sus antecesores.
En su informe, la UNEF carga contra los impuestos medioambientales y la prohibición de la fotovoltaica flotante en Aragón, la moratoria a las fábricas de baterías en Asturias, la participación social obligatoria en Canarias, el anuncio de nuevos impuestos en Castilla y León, los impuestos medioambientales en el País Vasco y la moratoria en La Rioja, que achaca a intereses económicos, a la «competición» por un suelo que es limitado en la que participan desde proyectos de macrogranjas en Aragón o Cataluña a bodegueros con proyectos de turismo enológico en La Rioja o «intereses inmobiliarios» que terminan convertidos en argumentos políticos de la oposición y después en leyes. «Te encuentras situaciones que vienen de la extrema derecha o de la extrema izquierda, de partidos que ven que hacer oposición a las renovables puede dar votos», dice Donoso.
De momento, confían también la promesa de la presidenta de Extremadura, Guardiola, de mantener las mismas políticas de Fernández Vara, que marcó «un antes y un después» en el despliegue allí de la energía solar, aunque Donoso admite que «dentro de su gobierno hay otras voces que llevan otra línea».
