«No me he presentado para esto en concreto, no tengo nada en contra de los señores de Berkeley, pero sí en contra de una explotación minera en el término de Retortillo», ha explicado la alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que sustituyó tras las elecciones del 28M a un alcalde del PP favorable a la mina. Las dos decisiones sobre Berkeley se tomaron el jueves 24 de agosto en sesión extraordinaria y por unanimidad de la corporación municipal, integrada por cuatro concejales del PSOE y una de VOX, formación que está a favor de la construcción de nuevas centrales nucleares e incluso la reapertura de Garoña. El Ayuntamiento de Retortillo cancela así «la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España en el año 2020 y declara su caducidad», al tiempo que acuerda «retomar y concluir de manera urgente el expediente sancionador por faltas urbanísticas muy graves cometidas por la minera en Retortillo».
El activista contra la mina y fundador de la plataforma Stop Uranio, Jesús Cruz Fernández, ha explicado por su parte que «estos dos expedientes deberían estar ya resueltos por las dos anteriores corporaciones, pero debido a la relación de intereses entre los alcaldes y concejales con la empresa minera, fueron dejados en el olvido con el fin de que caducaran sin sanción».
La alcaldesa ha insistido en que ella lo que desea «es que todo vuelva a la legalidad» y ha recordado que en la corporación municipal «hay gente a favor de la mina, pero que ven que es injusto todo esto que han hecho». «Yo no pertenezco a ninguna agrupación ecologista, pero soy muy ecologista. Tener una mina aquí es un proyecto para 10-12 años, cuando los ganaderos llevan toda la vida, el balneario lleva 100 años y está a 500 metros de donde querían explotar lo de la mina».
El pasado 24 de julio, la multinacional minera acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de España de «infringir» la normativa administrativa en la tramitación de su proyecto de mina de uranio en Salamanca, sobre la que mantiene su recurso en los tribunales. Berkeley sostiene que la forma en que el Ministerio ha frenado su proyecto en Salamanca «no es legal» y es «arbitraria».
En su escrito dice que los estudios realizados en la zona de Retortillo indican que puede albergar 89,3 millones de libras de uranio, lo que convertiría ese lugar en «uno de los productores de menor coste por producción en el mundo, capaz de generar fuertes» beneficios económicos. El pasado 16 de mayo, Berkeley pidió al Gobierno central que reconsidere su decisión de «vetar» el proyecto para construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo.
