En concreto, el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas podría escalar hasta el 130% del PIB en 2040 en ausencia de un ajuste fiscal adicional los próximos años. La advertencia la hacen Gavilán, director General de Economía y Estadística del Banco de España, y Alloza, economista de la entidad, en un artículo publicado en el ‘Anuario del Euro 2023’ que editan la Fundación ICO y la Fundación del Instituto Español de Analistas, y que se basa en unas simulaciones que ha hecho el propio regulador. En el escenario más optimista, si se realizasen esfuerzos de consolidación para mejorar el saldo estructural primario en 0,5 puntos del PIB cada año, el endeudamiento público podría descender hasta cerca del 70% de cara también a 2040. En caso de que ese ajuste se acompañase de un «ambicioso» paquete de reformas estructurales que mejorase la capacidad de crecimiento de la economía, la reducción del pasivo público sería todavía mayor. Con todo, que España necesite una consolidación fiscal no implica que el ajuste deba hacerse a cualquier precio. Teniendo en cuenta la experiencia de la pasada crisis financiera, Gavilán y Alloza inciden en que el calendario de ese ajuste debe tener en cuenta el estado actual del ciclo económico para «no imponer un lastre excesivo a una economía ya deteriorada». Además, recuerdan que los ajustes que se basan en recortes de gasto tienden a ser menos perjudiciales para la economía que los que se basan en subidas de impuestos.
Evitar el «ruido fiscal»
Otro aspecto importante es, a su juicio, el diseño y la comunicación de este plan fiscal, puesto que la incertidumbre, la falta de información sobre las futuras medidas o los cambios inesperados en las políticas fiscales del Gobierno podrían tener consecuencias negativas para la actividad económica al traducirse en una merma de la inversión futura. A todo lo anterior ambos economistas añaden la importancia de evitar el «ruido fiscal» o noticias sobre políticas con escasa probabilidad de aplicación.
En su artículo ‘Hacia una normalización de la política fiscal’, Gavilán y Alloza explican, además, que un proceso de elevada inflación no conduce necesariamente a una consolidación fiscal más suave, puesto que los tipos de interés de la nueva deuda suelen subir lo suficientemente rápido como para contrarrestar todo o parte del efecto positivo del alza de precios. Así, en sus simulaciones, una perturbación importada de los precios de la energía que eleve la inflación un 1% provocaría un deterioro estimado de 0,2 puntos de PIB en el déficit y de un punto porcentual en la deuda pública en un periodo de tres años.
Que las políticas fiscal y monetaria vayan de la mano
De lo anterior se desprende hasta qué punto es importante que la política monetaria y la política fiscal estén coordinadas en un escenario de alta inflación. Unos niveles excesivos de endeudamiento público y la falta de confianza en la autoridad fiscal para frenar la dinámica de la deuda «podrían obstaculizar el papel de la política monetaria a la hora de llevar la inflación tendencial a su nivel objetivo», señala el documento. Lo ideal sería que el endurecimiento monetario estuviera respaldado por la expectativa de un ajuste fiscal adecuado para evitar que los actuales desequilibrios fiscales alimenten el proceso inflacionista y den lugar a un mayor deterioro de la economía nacional y de las finanzas públicas.
Como ha venido incidiendo el propio gobernador del Banco de España en sus apariciones públicas, otro aspecto importante es que las medidas de apoyo a la economía contra la crisis inflacionaria y energética se centren en los hogares y empresas más vulnerables. Y, dado que el despliegue de los fondos Europeos Next Generation -de los que España empezará a recibir el grueso a partir de este año- supondrá un impulso fiscal material a la actividad económica, «el resto de la política fiscal en España debería mantener una orientación ligeramente contractiva a lo largo de 2023».
Ángel Gavilán y Mario Alloza recuerdan que en las últimas décadas España ha tenido dificultades para generar superávit fiscales y el saldo fiscal medio desde 1995 ha sido del -3,9% del PIB. Hacen hincapié en que «las políticas fiscales han sido, en general, incapaces de aprovechar las épocas favorables para construir suficientes amortiguadores» de cara a los periodos de dificultades. Unos niveles de deuda pública elevados que persistan así en el tiempo presionan al alza los tipos de interés a largo plazo, «aumentando los costes de financiación del sector privado» e impactando de forma negativa en la inversión que este lleva a cabo.
