El regulador ha remitido a la Audiencia Nacional un informe pericial de 210 páginas en el que respalda la operación, y resta crédito a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades realizadas por exaccionistas y clientes de la entidad, según han explicado fuentes conocedoras del informe.
En las conclusiones de dicho informe, Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete afirman que la ampliación de capital liderada por la junta de Ángel Ron fue un «éxito» y cumplió holgadamente con los objetivos propuestos. Asimismo, la documentación proporcionada reflejaba “una imagen fiel” de la situación financiera del banco en ese momento. El regulador no ha encontrado indicios de engaño a los inversores ni tampoco perjuicio económico para quienes participaron en la ampliación. En esta línea, remarca en sus conclusiones que acudir a la ampliación de capital de 2012 fue una “buena inversión”, tal y como demuestra la cotización de la acción con «importantes revalorizaciones” tres años después.
El informe pericial también destaca que la ampliación se llevó a cabo para evitar un rescate gubernamental y cumplir con las recomendaciones europeas derivadas de los test de estrés bancario que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a la consultora Oliver Wyman y que hacían de la ampliación la respuesta lógica a las pruebas. Subraya también que la ampliación de 2012 contó con la supervisión y aprobación del regulador, fue respaldada por la inmensa mayoría de la junta de accionistas y dejó al banco en una posición “saneada».
Los peritos concluyen también que la evolución del Banco Popular en los años posteriores a la ampliación y hasta diciembre 2016, fue “positiva”. A pesar de ello, la entidad fue intervenida por la fuga masiva de depósitos en 2017, bajo la presidencia de Emilio Saracho, y adquirida por el Santander a un precio simbólico de 1 euro.
Tras este respaldo del regulador, el juez Pedraz deberá decidir si solicita nuevas diligencias o si archiva la causa.
