Y es que el sistema deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido compensadas por el lado de ingresos. Pero la crítica no finaliza aquí ya que a todo ello cabe añadir la incertidumbre que puede derivarse sobre el empleo, los salarios y la competitividad, el impacto de las subidas de las cotizaciones recogidas en la reforma, según el organismo dirigido por Hernández de Cos. Reconoce en este informe que cuantificar los impactos de esta reforma es una tarea “compleja y extraordinariamente incierta”, aunque en un ejercicio de simulación sugieren que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, “lo que supondría un riesgo a la baja no despreciable sobre las estimaciones de ingresos ex ante” de la reforma de pensiones.
Las tensiones inflacionistas que surgieron en la última etapa de 2021 y que provocó que los bancos centrales y entre ellos, el BCE, adoptasen un tono más restrictivo en su política monetaria, ha tenido su máxima expresión con la última subida de tipos del jueves pasado hasta el 3,75%.
El problema se llama remuneración a los depósitos
Pese a que el BCE ha mantenido su compromiso de garantizar la transmisión homogénea de la orientación de su política monetaria a todos los países del área del euro, para evitar una fragmentación en los mercados financieros, la realidad es que las entidades de crédito en España están trasladando gradualmente los aumentos de los tipos de interés de mercado a los nuevos créditos y depósitos, si bien no será hasta 2024, los efectos máximos de esta traslación, según explico el director general de Economía y Estadística, Gavilán. La traslación de tipos de interés de mercado al coste de los nuevos préstamos de hogares dentro de la zona euro para la adquisición de vivienda se está produciendo, en conjunto, de manera similar a como se realizó en otros episodios históricos, según el Banco de España, si bien es cierto que el crédito a las empresas se está llevando a cabo de una manera más rápida. Sin embargo, la transmisión a la remuneración de los nuevos depósitos a plazo de los hogares, “está siendo más lenta”, aunque depende del plazo que en los ofrecidos a las empresas.
En concreto, el Banco de España advierte de que a partir de 2025 serán necesarias nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según explica su gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el ‘Informe Anual 2022’ presentado por la entidad, el modelo actual «deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos».
En el documento De Cos apunta, además, a la «incertidumbre» que puede tener sobre empleo, salarios y competitividad del mercado de trabajo el impacto del alza de cotizaciones que incorpora la reforma aprobada en dos tramos por el Gobierno. Así, ve necesario llevar a cabo una evaluación «rigurosa, continua y transparente» de los efectos de estas reformas, que son muy complejas de cuantificar, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.
El ejercicio de simulación del Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE) sugiere que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, un retroceso en el número de ocupados próximo al 0,25%, «lo que supondría un riesgo a la baja no despreciable sobre las estimaciones de ingresos ex ante» de la reforma de pensiones.
Así, además de una evaluación «rigurosa» del impacto del aumento de las cotizaciones sobre el mercado laboral, el organismo también ve «deseable» contar con un análisis ‘ex post’ del alcance de los incentivos para el retraso de la edad de jubilación, al ser éstos «la principal palanca de contención del gasto en pensiones en el futuro». El Banco de España recuerda en su informe que el MEI es un mecanismo de ajuste automático, que prevé la adopción de nuevas medidas o, en su defecto, un incremento adicional de las cotizaciones sociales si el gasto en pensiones se desvía de una determinada senda de referencia.
Cálculos sobre la aplicación del MEI
Este mecanismo entrará en vigor a partir de marzo de 2025, en el caso de que el gasto en pensiones supere el 13,3% del PIB en el promedio 2022-2050, una vez descontado el incremento de los ingresos resultado de las reformas aprobadas desde 2020. «El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021, si bien está sujeto a una elevada incertidumbre, apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera», sostiene la institución en su informe.
No obstante, el organismo precisa que la decisión respecto a una eventual activación del MEI dependerá, entre otros factores, de la evaluación formal de las medidas de ingresos que la AIReF realizará en marzo de 2025 y de la senda de gasto en pensiones que recoja el Informe de Envejecimiento de la UE que se publicará en la primavera de 2024. Para llegar a estas conclusiones, el Banco de España realiza estimaciones sobre cuánto supondrá, en porcentaje del PIB y en el año 2050, algunas de las medidas contempladas en las reformas de pensiones adoptadas en esta legislatura, pero sin incorporar el posible efecto que el incremento en los costes laborales podría tener sobre el empleo, los salarios o la competitividad de la economía.
Así, por el lado de los ingresos, la institución calcula que el aumento de la base máxima de cotización por encima del IPC y la cuota de solidaridad sobre los salarios que superen la base máxima elevarían los ingresos por cotizaciones sociales en 0,5 puntos del PIB en 2050, frente a los 0,6 puntos estimados por el Gobierno. «Bajo el supuesto de una inflación del 2%, el incremento real de la base máxima alcanzaría el 22% en 2040 y el 37,1% en 2050, mientras que el recargo sobre los salarios más altos variaría entre un mínimo del 0,92% en 2025 y un máximo del 7% en 2045», señala la institución capitaneada por De Cos.
En todo caso, el Banco de España advierte de que, aunque estas medidas suponen un fortalecimiento de los recursos del sistema de pensiones, «también reducen la contributividad del sistema para los trabajadores afectados por el tope de cotización». Por su parte, el organismo calcula que los ingresos vinculados a la sobrecotización del MEI alcanzarán medio punto del PIB una vez que la cuota alcance el 1,2% (la AIReF cifra los ingresos en 0,4 puntos del PIB). El tipo de cotización asociado a este mecanismo se ha fijado en un 0,6% en 2023 y ascenderá una décima por año hasta llegar el 1,2% en 2029, manteniéndose en ese nivel hasta 2050.
También cifra en 0,5 puntos del PIB los ingresos que obtendrá el sistema por la reforma de las cotizaciones que pagan los trabajadores autónomos. Por el lado de los gastos, el Banco de España estima que la subida de las pensiones mínimas contemplada en la última reforma de pensiones supondrá un alza del gasto de 0,2 puntos del PIB. En cuanto a la ampliación progresiva del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 29 años, el Banco de España señala que, cuando esta medida esté completamente desplegada a partir de 2044, podría suponer un aumento de la pensión inicial media del 0,3% con respecto a la fórmula actual.