La medida afecta a las cuatro comarcas centrales de la provincia de Lleida, 70.000 hectáreas de terreno agrícola que dirán adiós a la cosecha de fruta de verano y cereal del invierno si no llegan unas lluvias que nadie espera. La próxima semana pedirán la declaración de zona catastrófica en la reunión de la Confederación Hidrógráfica del Ebro (CHE).
A partir del próximo 25 de abril solo se suministrará agua para supervivencia de árboles frutales, abriendo el Canal Principal de forma periódica, añade el comunicado de la comunidad de regantes. Se trata de una situación inédita, nunca vista en los 160 años de historia del canal. «Queda estrictamente restringido cualquier riego a otros cultivos» añade el texto, que conmina a las comunidades a dar prioridad a mantener vivos los árboles frutales. La cosecha de cereal se da por perdida.
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Además, advierten a ayuntamientos, granjas e industrias para que llenen sus reservas con el fin de disponer de una reserva suficiente de agua mientras el canal permanezca cerrado. El cierre llega cinco meses antes de lo habitual, y apenas un mes después de haber abierto las compuertas, también antes de lo habitual por el calor y la sequía.
El director general de la Comunidad de Regantes, Xavier Díaz, ha pedido a los agricultores que no siembren cultivos de verano. pese a reconocer que esta medida puede suponer pérdidas millonarias. «Las reservas no llegan a los 60 hectómetros» apuntaba Díaz, «lo mínimo para abastecer a los municipios y la subsistencia de los árboles frutales».
«La prioridad es el abastecimiento de la población» concluía el presidente de los Regantes, Ros. La próxima semana, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se reunirá para debatir la solicitud de la CGRCU de declarar el estado de excepcionalidad por sequía extraordinaria. En caso de aprobarse, se podrían solicitar compensaciones económicas. Por su parte, la consejera de Agricultura, Jordà, ha presentado una propuesta al Gobierno para la modernización del Canal de Urgell, similar a la que se aplicó en el caso del Canal de PinyanaLa Generalitat financiaría el 60% de las obras de modernización, mientras que el Estado se encargaría del 40%, lo que aceleraría un proceso vital para evitar las consecuencias negativas de futuras crisis como la actual, apuntan desde la administración autonómica.
