Dicha reforma legal se contiene en una serie de enmiendas presentadas en el Congreso a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que este martes se ha empezado a analizar en la ponencia correspondiente de la Comisión de Derechos Sociales. En esta fase del trámite parlamentario se reúnen a puerta cerrada diputados de los distintos grupos para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto.
Fuentes parlamentarias han confirmado que ya se ha incluido un primer paquete de enmiendas al articulado del proyecto legislativo, pero ninguna referente al asunto de las lenguas cooficiales, que se ha preferido posponer para una segunda ponencia en la semana del ocho de octubre. Aunque Junts asegurara que la medida afectará a las grandes empresas con independencia de dónde estén ubicadas, tanto el Ministerio de Consumo de Sumar como el PSOE insisten en que el ámbito de aplicación de la propuesta serán las comunidades autónomas que tengan reconocida la lengua cooficial.
La diputada socialista y ponente de la norma, Cobo, ha dicho después de la reunión de la ponencia que la idea del PSOE ha sido, «desde el primer minuto», que sea en las comunidades autónomas bilingües y no en toda España donde se pueda elegir la lengua oficial que considere el cliente.
