Esta cantidad se destinará a actuaciones para combatir el paro, especialmente el de larga duración (más de un año en el desempleo), así como para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La vicepresidenta Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos 2.803 millones son «la mayor inversión de fondos públicos para la mejora de la empleabilidad» de los trabajadores que se ha hecho nunca en España.
Mientras que en ejercicios anteriores las políticas activas de empleo pusieron su acento en los jóvenes, cuya tasa de paro es hoy la más baja «desde el comienzo de la democracia», la vicepresidenta ha destacado que ahora se centrarán en mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración, la mayoría de los cuales tiene 45 o más años.
Este colectivo, pese a haberse reducido un 14%, agrupa todavía a 1,2 millones de desempleados y supone, según Díaz, «el problema principal de España en términos de desempleo». Por ello, la ministra no sólo ha pedido a las comunidades autónomas que «se impliquen» para reducir el paro de larga duración y de mayores de 45 años, también ha hecho un llamamiento a las empresas para que «no prescindan» de estos trabajadores.
«Un trabajador o una trabajadora que tiene 45 años se encuentra seguramente en lo mejor de su carrera profesional. Las empresas no pueden prescindir de ese talento. Hago por tanto un llamamiento a los empresarios y empresarias de nuestro país: Contrátenlos. Contraten a las personas paradas de larga duración y a los mayores de 45 años», ha enfatizado Díaz.
La vicepresidenta ha denunciado durante su intervención que el Gobierno del PP recortó la inversión en políticas activas de empleo hasta en 1.900 millones de euros, dejándolas en un «suelo absolutamente imposible» de sólo 1.300 millones de euros. La distribución territorial definitiva de los 2.803 millones aprobados este martes para políticas activas de empleo se decidirá en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de las próximas semanas.
De los 2.803,8 millones de euros aprobados, 2.571,9 millones se financiarán con cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mientras que 231,8 millones serán aportados por el presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La distribución de fondos está supeditada a la consecución de objetivos específicos y su uso, según mandata la nueva Ley de Empleo, se someterá a una doble evaluación, interna y externa.
Los criterios objetivos para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su reparto se fijarán en la Conferencia Sectorial para las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito del trabajo, del empleo y la formación. El objetivo es que estas regiones financien con estos recursos servicios y programas incluidos en los distintos ejes de políticas activas de empleo cuando no sean objeto de financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
De los 2.571,9 millones de euros que irán a cargo del SEPE, la mayor dotación, por importe de 1.424,3 millones de euros, se destinarán a la gestión territorial de servicios y programas de empleo y formación.
Otros 440,5 millones de euros se dedicarán a la gestión territorial de iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a ocupados y parados, que no corresponden a certificados de profesionalidad. Asimismo, a la gestión por parte de las comunidades autónomas de iniciativas de formación en alternancia en el empleo se destinarán 633,6 millones de euros, mientras que para la modernización de los servicios públicos de empleo se asignan 73,5 millones de euros. En lo que concierne a los 231,8 millones procedentes del Plan de Recuperación, éstos se distribuirán conforme al criterio acordado en la Conferencia Sectorial de 21 de julio de 2021 para la distribución de los fondos a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que es de carácter plurianual.
En aquel entonces se llevó a cabo la asignación de fondos en base al número de potenciales personas beneficiarias de cada proyecto. Se aplicó además un coeficiente corrector en base al grado de cumplimiento de objetivos de las comunidades autónomas, que se considera que tiene en cuenta la capacidad de gestión de éstas.
