La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato mayoritario de empleados públicos, ha presentado este mismo miércoles una demanda por la vía de lo contencioso administrativo contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el retraso «injustificado» que, dicen, se está produciendo en el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado.
CSIF explica en una nota que, en abril de 2021, se firmó un acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo, pendiente de la aprobación del real decreto que debe establecer su regulación. El sistema actualmente vigente, prosigue la nota, es una modalidad de trabajo a distancia ligada al Plan de Ahorro energético de la Administración «temporal y arbitrario», ya que su aplicación depende de cada departamento, no todos los Ministerios permiten los mismos días, hay puestos excluidos, no se evalúan los puestos y no se proporcionan los medios necesarios.
CSIF reprocha al Estado que haya firmado un acuerdo con CCOO y UGT «que vuelve a retrasar su aplicación y recorta el acceso a dicha modalidad de trabajo en algunos grupos profesionales». Por todo ello y tras una reclamación administrativa previa que daba tres meses a la Administración para publicar el Real Decreto, CSIF ha decidido elevar la cuestión a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo para evitar que la Administración «siga retrasando injustificadamente la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado y que se aplique en los términos garantistas que se recogen en el acuerdo de abril de 2021», detalla la nota.
No solo el teletrabajo tiene en pie de guerra a los funcionarios, sino también la falta de personal o la sobrecarga de trabajo en determinados ámbitos. La Seguridad Social es solo uno de ellos. Según CSIF, su plantilla de efectivos ha pasado de 36.000 a 26.000 trabajadores en tan solo una década. Estos 26.000 trabajadores atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y 1,4 millones de empresas. El sindicato advierte de que está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla, y en unos 10 años un 36,08% adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual.
La Inspección de Trabajo ha sido otro de los colectivos que más recientemente se ha sumado a las protestas por la falta de plantilla (llegaron a convocar una huelga a finales del mes pasado). Se quejan, entre otras cosas, de la carga de trabajo que soportan, de su complejidad, del hastío de los trabajadores, de la obsolescencia de los medios técnicos y materiales de que disponen y de la política de empleo que se aplica
