El déficit acumulado de enero-septiembre fue de 18.817 M€, inferior en términos nominales al de 2024 (24.346 M€). En porcentaje del PIB se situó en el 1,1%, por debajo del 1,5% de septiembre de 2024.
Dato
En el acumulado hasta septiembre, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AA. PP.), excluidas las Corporaciones Locales (CC. LL.), se situó en el 1,1% del PIB (1,5% en septiembre de 2024).
Valoración
Los datos consolidados de ejecución presupuestaria (excluidas CC. LL.) hasta el 3T 2025 muestran un déficit público claramente inferior en porcentaje del PIB al del mismo periodo de 2024, gracias a unos ingresos muy dinámicos (crecimiento del 7,2% interanual) frente a un crecimiento más contenido del gasto (+5,7% si miramos el gasto total y +4,9% si excluimos el gasto extraordinario asociado a la Dana). El déficit acumulado de enero-septiembre fue de 18.817M€, inferior en términos nominales al de 2024 (24.346 M€). En porcentaje del PIB se situó en el 1,1%, por debajo del 1,5% de septiembre de 2024.Los ingresos públicos consolidados crecieron con fuerza en los nueve primeros meses del año, apoyados en la recaudación por impuestos directos e indirectos. Hasta septiembre los ingresos públicos aumentaron un 7,2% interanual (7,2% en el mismo periodo de 2024 y 4,4% en el promedio 2015-2019), con un robusto avance de los ingresos fiscales (impuestos +cotizaciones) del 7,8%, muy superior al crecimiento del PIB nomin
La recaudación de impuestos directos subió un 9,9% (vs. 8,7% en 2024), impulsada por la fortaleza del empleo y las retenciones sobre capital y beneficios empresariales.La recaudación de impuestos indirectos creció un 7,3% (vs. 6,5% en 2024), gracias a la pujanza del consumo y al fin de los descuentos fiscales en el IVA de electricidad y alimentos.Los ingresos por cotizaciones sociales también aumentaron con vigor (+6,5%, frente al 7,4% en 2024), aunque a un ritmo más moderado que los impuestos directos.
El gasto público consolidado de las AA. PP. aumentó un 5,7% interanual hasta septiembre (6,6% interanual en los nueve primeros meses de 2024) y un 4,9% interanual si excluimos los 4.050 millones de gasto asociados a la Dana. Aunque en 2025 se parte de una prórroga del presupuesto de 2023, partidas como pensiones y salarios pueden crecer vía decretos leyes.
Las prestaciones sociales lideran el aumento del gasto, con un crecimiento del 6,3%, impulsado por el gasto en pensiones (+6,2%) debido a la revalorización del 3,8%, la incorporación de nuevos pensionistas y el efecto sustitución por pensiones más elevadas que las que causan baja.En cambio, la remuneración de asalariados públicos creció un contenido 3,1%, ya que todavía no se ha aplicado la subida salarial del 2,5% acordada recientemente para 2025, retroactiva desde enero y aplicable este diciembre1 (en 2024 se aplicó en julio una subida salarial del 2,0%, con efectos retroactivos desde enero). En nuestro escenario fiscal actual ya habíamos incorporado que los salarios este año crecerían en línea con la evolución del IPC y que se aplicaría el aumento de forma retroactiva en el tramo final del año.Finalmente, el gasto en intereses fue 1.750 millones mayor que en los primeros nueve meses de 2024 (+6,2% interanual) con lo que representa un 1,8% del PIB, porcentaje muy similar a hace un año en un contexto caract
Los datos de ejecución de los primeros nueve meses de 2025 confirman una corrección significativa del déficit público, impulsada por unos ingresos fiscales muy dinámicos que crecen por encima del gasto y se han acelerado en el 3T. Esto introduce riesgos a la baja sobre nuestra previsión actual de déficit del 2,7% del PIB en 2025, elaborada con datos hasta el primer semestre. Con la aceleración reciente de los ingresos, el déficit de 2025 podría situarse en torno al 2,5% del PIB (frente al 3,2% en 2024), incluyendo el gasto extraordinario por la Dana. El Gobierno estimaba para 2025 un déficit del 2,8% con Dana y 2,5% sin ella en su Informe de Progreso Anual de primavera. Para 2026 anticipamos un ajuste fiscal de 2-3 décimas, apoyado en el dinamismo macroeconómico y la reducción de gastos no recurrentes (derivados de sentencias judiciales y de la Dana).
