Con esta resolución, las grandes eléctricas ya suman 220 millones de euros que deberán ser devueltos, después de una decisión similar del Supremo sobre Iberdrola a principios de mayo.
La empresa que lidera Ignacio Sánchez Galán deberá recibir 182,4 millones más intereses y Curenergía, la Comercializadora de Último Recurso del grupo, ingresará 17,84 millones de euros más intereses.
Endesa es la otra gran eléctrica a la espera de su sentencia, para la que se reclaman en torno a los 150 millones de euros. Naturgy, por su parte, solicita de vuelta 64,2 millones de euros.
Las devoluciones se producen después de que en 2022 el Tribunal que preside Francisco Marín declarase inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló varios artículos del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que regulaba esta figura, por considerar que carecía de «justificación objetiva y razonable» y provocaba un «trato discriminatorio». La Justicia entendió que la financiación de esta medida no debería haberse desarrollado por las eléctricas en régimen de cofinanciación.
El Supremo entendió que se produjo un trato discriminatorio «al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable».
La decisión de ayer sobre EDP se limita hasta el año 2020 debido a que la energética portuguesa vendió en ese año su cartera de clientes en España a TotalEnergies. Es por ello que la firma francesa también será susceptible de percibir desde el Estado parte de su financiación del bono social en el tiempo que aún estaba en vigor.
